En una decisión de alto impacto jurídico y humanitario, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno nacional a reanudar las deportaciones de migrantes hacia terceros países —incluso aquellos marcados por la violencia extrema, como Sudán del Sur— sin necesidad de notificar a los afectados ni otorgarles la posibilidad de apelar o invocar temor a la tortura.

El fallo, emitido este lunes 23 de junio, representa un respaldo clave para la política migratoria más dura impulsada por Donald Trump, quien logró así bloquear temporalmente una orden judicial previa que exigía mayores garantías legales a los migrantes en situación de deportación.

El pedido de emergencia había sido presentado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que celebró la resolución como «una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense». En una publicación en la red social X, el organismo afirmó que ahora podrá ejercer su «autoridad legal» para deportar a migrantes incluso si el país receptor no es su lugar de origen, siempre y cuando se hayan recibido «garantías diplomáticas» de que no serán sometidos a tortura.

La Corte no ofreció fundamentos sobre la decisión, aunque se conoció que las tres juezas liberales —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— votaron en contra. En su disidencia, Sotomayor acusó al gobierno de Trump de desobedecer fallos previos y de “ignorar sistemáticamente” las órdenes judiciales. Calificó el fallo como una “recompensa a la ilegalidad” y advirtió que podría sentar un peligroso precedente.

El centro del conflicto legal: la Convención contra la Tortura

La discusión de fondo gira en torno a la aplicación de la Convención contra la Tortura, firmada por Estados Unidos en 1994, que prohíbe terminantemente la deportación de personas hacia países donde puedan sufrir tratos inhumanos. Pero la ambigüedad sobre cómo implementar este principio ha derivado en vacíos legales: el gobierno sostiene que basta con una “garantía verbal” del país receptor, mientras que los abogados de los migrantes exigen un proceso formal de notificación y apelación.

Uno de los elementos más polémicos es la autorización para deportar personas a países donde nunca vivieron ni tienen vínculos, como Cuba, Vietnam o Laos. En estos casos, las deportaciones se hacen sin previo aviso, a menos que no haya “garantías diplomáticas suficientes”, según argumenta el DHS.

“Enciendan los aviones”: el festejo del gobierno

El mensaje publicado por el DHS fue categórico. Allí, la agencia advirtió que, de no haberse aprobado la solicitud de emergencia, individuos “tan peligrosos que ni sus países los quieren de regreso”, como homicidas o abusadores de menores, “seguirían caminando libres por Estados Unidos”. Concluyó el comunicado con una frase reveladora: “Enciendan los aviones”.

El gobierno de Trump había apelado una orden del juez federal Brian Murphy, que obligaba a notificar con antelación a los migrantes sobre su destino y les daba 10 días para solicitar protección y 15 días adicionales para apelar en caso de rechazo. El Primer Tribunal de Apelaciones de Boston había respaldado esa resolución. Ahora, el máximo tribunal del país la deja en suspenso, al menos mientras continúa el litigio.

Una señal de respaldo para Trump

La decisión refuerza el margen de maniobra de Trump en materia migratoria, justo en un momento en que busca retomar el protagonismo político rumbo a las elecciones presidenciales. No es la primera vez que la Corte Suprema se alinea con sus políticas: ya había avalado la eliminación del estatus de protección temporal para ciudadanos venezolanos, y el endurecimiento de los programas de parole humanitario para migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití.

Sin embargo, el mismo tribunal también ha establecido límites en el pasado. En una sentencia anterior, bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportaciones sin proceso, por considerar que violaba derechos fundamentales.

El escenario que viene

El fallo no resuelve el litigio de fondo, pero habilita al gobierno a aplicar la política migratoria de deportaciones inmediatas mientras se desarrolla la batalla legal. La medida ya comenzó a afectar a migrantes detenidos en diversos centros, muchos de los cuales podrían ser trasladados a destinos desconocidos sin haber pasado por un proceso judicial adecuado.

Organismos de derechos humanos, sectores del Partido Demócrata y asociaciones de inmigrantes calificaron la decisión como una “violación directa de los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos”.

Mientras tanto, miles de personas en situación migratoria irregular viven con incertidumbre creciente. Para muchas de ellas, el próximo vuelo no es el regreso a casa, sino una condena sin juicio.