La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este jueves que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continuará siendo investigada en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”, una de las investigaciones por lavado de dinero más emblemáticas del último tiempo, que ya derivó en la condena del empresario Lázaro Báez y otros acusados.

El máximo tribunal rechazó una apelación presentada por la defensa de la ex vicepresidenta contra los fallos de la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal que, el año pasado, revocaron su sobreseimiento en el expediente. Además, la Corte convalidó la incorporación como querellante de la asociación civil Bases Republicanas, que sostiene que Báez actuó como presunto testaferro de los Kirchner.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en que la apelación no versaba sobre una sentencia definitiva y, por lo tanto, no correspondía su intervención en esta instancia. Por esa misma razón, también desestimaron las recusaciones presentadas por Fernández de Kirchner contra los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Gustavo Hornos, a quienes había pedido apartar del caso.

La “Ruta del dinero K” investiga el presunto lavado de 55 millones de dólares por parte de Lázaro Báez. Aunque el empresario y otros implicados ya fueron juzgados y condenados, una línea del expediente permanecía abierta para determinar si parte de ese dinero podría haber tenido como beneficiaria final a Cristina Kirchner.

En mayo de 2023, el fiscal Guillermo Marijuán solicitó el sobreseimiento de la ex mandataria al considerar que, tras más de diez años de investigación, no se había logrado probar una conexión directa entre ella y el dinero lavado. El juez federal Sebastián Casanello avaló ese planteo y dictó el sobreseimiento.

Sin embargo, la ONG Bases Republicanas pidió intervenir en la causa, alegando que Báez actuaba por “cuenta y orden” de Néstor y Cristina Kirchner. Aunque Casanello rechazó su incorporación como querellantes, la Cámara Federal revirtió esa decisión, aceptó su participación y ordenó revisar el sobreseimiento.

Desde entonces, el expediente reabierto suma nuevas medidas de prueba. Una de ellas es un audio atribuido a Báez en el que sugiere que el dinero manejado provenía de “alguien de arriba”. La Cámara consideró pertinente admitir esa grabación como prueba y ordenó su análisis.

La otra línea de investigación en curso es un peritaje contable, encargado por Casanello a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), dependiente de la Corte Suprema. El objetivo es determinar si los fondos que Báez repatrió desde cuentas suizas hacia sus empresas podrían haber terminado, directa o indirectamente, en manos de la familia Kirchner o sus entornos.

Mientras estas diligencias avanzan, la Corte dejó firme la continuidad del expediente y dejó a Cristina Kirchner nuevamente bajo el foco judicial en una de las causas más sensibles para el kirchnerismo.