La relación entre el gobierno de Javier Milei y la Confederación General del Trabajo (CGT) atraviesa una fase de tensión contenida, marcada por la posible reglamentación del artículo 94 del capítulo laboral de la Ley Bases. Este artículo establece los bloqueos como “grave injuria laboral”, y la disputa se centra en quién tendrá la autoridad para valorar dicha injuria: si el empresario afectado o la Justicia.
El desenlace de esta reglamentación, que podría concretarse la próxima semana, es de vital importancia tanto para un sector del oficialismo que ha adoptado esta norma como una cruzada intransigente, como para los gremios que recurren periódicamente a los bloqueos como método de protesta y presión. Julio Cordero, el secretario de Trabajo y exabogado laboralista del Grupo Techint, ha insinuado que el artículo podría ser atenuado, pero todo dependerá de la decisión final, que debe contar con el visto bueno de Federico Sturzenegger, el arquitecto de las reformas, y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
Cordero, encargado de intercambiar borradores con diferentes sectores, ha generado expectativas en la CGT, donde la actitud conciliadora se mantendrá en tanto la reglamentación les favorezca. Sin embargo, ya ha defraudado al sector con promesas incumplidas en el pasado. El grupo mayoritario dentro de la CGT, liderado por “los Gordos” y los autodenominados “independientes”, ha congelado las discusiones internas esperando un resultado favorable en las negociaciones. De tener éxito, creen que podrán neutralizar a la facción más dura, encabezada por el moyanismo y el kirchnerismo, que se opone a cualquier acercamiento con el gobierno y está preparando el tercer paro general contra Milei.
Por otro lado, la CGT se encuentra dividida. Mientras los gremios más combativos, liderados por Pablo Moyano y Mario Manrique, trabajan en la planificación de un nuevo paro en alianza con las dos vertientes de la CTA, los movimientos sociales kirchneristas y la izquierda trotskista, el sector mayoritario de la central obrera negocia con el Gobierno en temas como el financiamiento de las obras sociales y otras concesiones. Este sector incluso ha tolerado en silencio paritarias desfavorables y suspensiones en fábricas, mientras intenta bloquear en el Congreso proyectos de ley que limitarían los mandatos sindicales y eliminarían la “cuota solidaria”.
El gobierno de Milei, a través de figuras como Mario Lugones, un influyente empresario de la salud con conexiones en la Jefatura de Gabinete, ha intensificado sus esfuerzos para alinear a los sectores dialoguistas de la CGT, distribuyendo subsidios estratégicos y manteniendo un contacto directo con los dirigentes sindicales más moderados. Lugones, conocido como el “zar de la salud”, tiene un papel clave en las negociaciones y controla varios aspectos del sistema de salud pública y privada en Argentina.
En paralelo, las negociaciones para llevar al juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia han generado un nuevo punto de encuentro entre el gobierno y los gremios. Las “62 Organizaciones Peronistas”, un brazo político históricamente vinculado a la CGT, ha mostrado su apoyo a Lijo, lo que podría fortalecer los lazos entre ambos sectores en un momento de alta volatilidad política.
En conclusión, la tregua entre el gobierno de Javier Milei y la CGT es frágil y está sujeta a la reglamentación del artículo 94 de la Ley Bases. Mientras tanto, la central obrera peronista se debate entre la confrontación y el diálogo, en un contexto donde cada movimiento puede definir el rumbo de las relaciones laborales en el país.
