La central obrera calificó la medida del Gobierno como “improvisada e irresponsable” y se puso a disposición de los gremios para respaldar acciones judiciales y sindicales. Vialidad atraviesa una crisis sin precedentes.
En una contundente declaración institucional, la Confederación General del Trabajo (CGT) repudió la decisión del Gobierno nacional de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en el marco del plan de reestructuración del Estado impulsado por el presidente Javier Milei. La central obrera advirtió que la medida no solo pone en riesgo miles de puestos de trabajo, sino que compromete seriamente la seguridad de las rutas argentinas.
El Consejo Directivo de la CGT, encabezado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello, calificó la decisión como “intempestiva e improvisada”, al tiempo que anunció que pondrá a disposición su cuerpo legal para acompañar acciones judiciales y respaldar protestas de los gremios afectados.
“Estas resoluciones ponen en peligro no solo el sustento de los trabajadores, sino también la integridad de los millones de personas que transitan por las rutas del país”, alertó el comunicado difundido por la CGT.
Un decreto con alto impacto
El cierre de la DNV fue formalizado a través del Decreto 461/2025, publicado en el Boletín Oficial. Según el Gobierno, la medida forma parte de un paquete de reformas orientado a reducir el gasto público, eliminar superposiciones administrativas y avanzar hacia una supuesta “profesionalización” de la gestión vial. También se dispuso el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito.
Para la CGT, este recorte “prioriza la incertidumbre laboral por encima de la infraestructura vial y la prevención de accidentes”, en un país donde los siniestros de tránsito figuran entre las principales causas de muerte no natural.
Los trabajadores viales salieron a la calle
En paralelo, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) llevó a cabo una masiva movilización en rechazo al cierre de la DNV. La protesta, encabezada por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, reunió a dirigentes sindicales, diputados y referentes del movimiento obrero que denunciaron la gravedad de la medida.
Aleñá fue tajante: “Lo que está ocurriendo es una pérdida brutal de soberanía vial. Con esta desregulación, las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasan directamente a manos de empresas privadas. Quieren dejar 5.200 trabajadores en la calle, abandonar 118 rutas nacionales y más de 32.000 kilómetros sin mantenimiento”.
La dirigente desmintió además las cifras oficiales que justifican el cierre. “Es falso que el 70% del personal de Vialidad es administrativo. Es exactamente al revés. Lo digo públicamente y hago responsable a Alejandro Tamer, del Ministerio de Desregulación, por difundir datos falsos”, denunció.
Falta de transparencia y recursos retenidos
Una de las críticas más duras del gremio apunta a la opacidad en el destino de los fondos públicos que estaban asignados a la DNV. Según Aleñá, el Gobierno sigue recaudando el Impuesto al Combustible —cuya finalidad es precisamente el mantenimiento vial—, pero lo retiene sin ejecutar obras ni garantizar la conservación de rutas, puentes y pasos fronterizos.
“Hay más de 400 mil millones de pesos sin destino claro. No se explica quién va a atender el operativo nieve, los puentes estratégicos o las catástrofes naturales como las inundaciones. Siempre fue Vialidad quien estuvo ahí. Hoy la están desmantelando”, expresó.
Amplio respaldo sindical y político
La movilización contó con la presencia de dirigentes de peso, como Sergio Palazzo (La Bancaria), Juan Carlos Schmid (CATT), Paco Manrique (SMATA), Karina Moyano (Camioneros), Raúl Durdos (SOMU), Mariano Moreno (Patrones Fluviales), Jorge Aruto (Dragado y Balizamiento) y Christian Castillo, diputado nacional por el FIT. También participaron delegaciones de taxistas, portuarios y sindicatos del transporte.
Un conflicto con múltiples dimensiones
El cierre de la Dirección Nacional de Vialidad no es solo un ajuste administrativo. Supone, en los hechos, una transferencia de funciones estratégicas al sector privado, una pérdida de capacidades técnicas acumuladas por décadas y una amenaza directa a la infraestructura de conectividad del país.
En la CGT, aunque aún no se anunció un paro general vinculado al tema, ya se debate en voz alta la posibilidad de nuevas protestas sectoriales o incluso una convocatoria más amplia si no hay marcha atrás con el decreto. La crisis vial ya no es solo una cuestión de rutas: es un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el movimiento sindical.
