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La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza en la elaboración de una demanda para que la Justicia declare la inconstitucionalidad general de la reforma laboral en caso de que el proyecto sea sancionado por el Congreso hacia fines de mes, según adelantaron fuentes sindicales. El planteo no se centrará en artículos puntuales, sino en objeciones estructurales y conceptuales de la ley, mientras que los cuestionamientos específicos quedarían sujetos a litigios individuales de trabajadores afectados por conflictos concretos.
La presentación sería radicada ante la Justicia en lo contencioso administrativo federal y, tras las instancias de primera instancia y Cámara, podría escalar hasta la Corte Suprema, que no tiene plazos definidos para pronunciarse. Un antecedente cercano es el capítulo laboral del DNU 70/23, cuya aplicación permanece suspendida y sobre el cual el máximo tribunal aún no emitió una resolución de fondo.
Pese a que la central sindical mantuvo negociaciones con el Gobierno durante la redacción del proyecto —logrando preservar recursos clave como las obras sociales sindicales, las cuotas solidarias y el rol de los empleadores como agentes de retención—, la CGT sostiene que existen aspectos de la reforma que vulneran principios constitucionales básicos.
Los ejes del planteo constitucional
El principal argumento sindical se apoyará en el principio de no regresividad de los derechos laborales, que establece que el Estado no puede reducir el nivel de protección alcanzado por los trabajadores sin una justificación excepcional y razonable. Este principio se vincula con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los tratados internacionales con jerarquía constitucional, así como con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Desde esta perspectiva, la CGT considera que determinadas modificaciones podrían implicar retrocesos en garantías esenciales, como la protección contra el despido arbitrario, el carácter alimentario del salario, el derecho de huelga y el acceso efectivo a la justicia laboral. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema indica que la regresividad no opera como una prohibición automática de reformas, sino como un límite frente a cambios que desnaturalicen el núcleo de los derechos.
El segundo eje del cuestionamiento apunta al derecho al trabajo y a la tutela especial que la Constitución reconoce al trabajador como parte más débil de la relación laboral. La central obrera argumentará que una eventual reducción de esa protección, sin fundamentos razonables, podría vulnerar el equilibrio constitucional que garantiza condiciones dignas, salario justo, organización sindical y seguridad social.
La discusión sobre la justicia laboral
Otro punto sensible de la futura demanda será la posible disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y la transferencia de competencias al ámbito laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque el argumento jurídico presenta antecedentes desfavorables —la Corte ya avaló procesos de transferencia de la justicia nacional—, el cuestionamiento tiene un fuerte componente político e institucional.
En el ámbito sindical existe preocupación por el eventual cambio de fuero, ante la percepción de que la nueva estructura judicial podría modificar el equilibrio histórico en la resolución de conflictos laborales.
Otros aspectos bajo análisis
Además del planteo general, distintos gremios y trabajadores podrían impulsar acciones específicas de inconstitucionalidad sobre artículos concretos una vez que la norma entre en vigencia. Entre los puntos que generan mayor controversia se encuentran la ampliación de los servicios esenciales y la creación de la categoría de “servicios de importancia trascendental”, que exigirían prestaciones mínimas obligatorias incluso durante medidas de fuerza.
También se analizan posibles cuestionamientos a la extensión del período de prueba según el tamaño de las empresas, a la redefinición de conceptos salariales que impactarían en las indemnizaciones, a la posibilidad de reemplazar el sistema indemnizatorio tradicional por mecanismos de capitalización y al pago en cuotas de sentencias laborales y honorarios.
En el plano judicial, especialistas anticipan que, en caso de avanzar la reforma, la Corte Suprema difícilmente emita un fallo integral sobre la ley en su conjunto y podría optar por pronunciarse de manera gradual, a partir de casos concretos donde se alegue afectación directa de derechos laborales.
