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La investigación judicial sobre la lujosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, volvió a poner bajo la lupa a sectores de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. La causa, considerada una de las más sensibles y mediáticas que involucran al entorno dirigencial del fútbol argentino, atraviesa ahora un escenario de fuertes cuestionamientos políticos y judiciales tras el cambio de manos en el expediente.
Durante apenas cuatro meses, los principales apuntados —entre ellos Claudio Tapia y Pablo Toviggino— lograron alivio judicial luego de que el expediente dejara el juzgado donde avanzaba con mayor intensidad.
El punto de quiebre ocurrió el 20 de enero, cuando el juez federal de Campana, Adrián Charvay, consiguió quedarse con la investigación que originalmente llevaba adelante el magistrado del fuero Penal Económico, Marcelo Aguinsky.
La causa busca determinar quiénes son realmente los propietarios de una mansión valuada judicialmente en unos 20 millones de dólares, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Rosa. Formalmente, la propiedad aparece vinculada a Luis Pantano y a su madre jubilada, Ana Lucía Conte. Sin embargo, la hipótesis principal de la investigación sostiene que ambos habrían actuado como presuntos testaferros.
Según la línea investigativa que desarrollaba Aguinsky, existían indicios de una posible administración fraudulenta y maniobras compatibles con lavado de dinero vinculadas a la adquisición y mantenimiento de la propiedad.
Entre las pruebas recolectadas aparecían consumos millonarios realizados con tarjetas corporativas de la AFA, gastos en vehículos de lujo, mantenimiento de caballos y movimientos de helicópteros que aterrizaban regularmente en la finca.
La sospecha judicial apuntaba a determinar si el verdadero financiamiento detrás de la mansión provenía de dirigentes de peso dentro de la estructura de la AFA y, particularmente, si Toviggino podía quedar involucrado como supuesto beneficiario real de la propiedad.
Fuentes vinculadas al expediente aseguran que, antes del cambio de jurisdicción, Aguinsky había logrado avanzar sobre documentación contable y financiera sensible que acercaba la posibilidad de citar a nuevos imputados.
Pero el escenario cambió abruptamente cuando la causa pasó al juzgado de Charvay, en una maniobra avalada por el camarista federal de San Martín, Alberto Lugones.
Desde entonces, según cuestionan distintas fuentes judiciales, la investigación perdió velocidad. En lugar de profundizar medidas ya avanzadas, el nuevo juzgado ordenó pericias y revisiones que, para los críticos, implicaron reiniciar procedimientos previamente realizados.
En el ámbito judicial, este tipo de movimientos suele describirse como una forma de “congelar” una causa: aparentar actividad procesal mientras se ralentizan los avances más delicados.
Fuentes cercanas a tribunales señalaron además que en la Cámara Federal de Casación Penal existía malestar respecto al rumbo que tomó el expediente tras el desplazamiento de Aguinsky.
La controversia también alimentó sospechas sobre posibles presiones políticas. Aunque tanto Charvay como Sergio Massa negaron cualquier vínculo personal, en sectores judiciales del conurbano bonaerense circulan versiones sobre un eventual lobby político destinado a proteger a dirigentes del fútbol.
Algunas miradas apuntan hacia Pilar, distrito donde Tapia impulsa el traslado de la sede de la AFA a un predio que, hasta hace poco tiempo, carecía de infraestructura básica y permanecía prácticamente abandonado.
Mientras tanto, continúan apareciendo datos sobre el nivel de gastos asociados al entorno investigado. Durante 2025, Pantano habría realizado consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos utilizando una tarjeta corporativa American Express perteneciente a la AFA.
Entre los pagos registrados figuran peajes, seguros y gastos vinculados a los 54 vehículos de lujo secuestrados durante los allanamientos en la mansión de Villa Rosa.
Desde el juzgado de Charvay rechazan las acusaciones de inacción y aseguran que la investigación sigue avanzando. Según explican, se realizaron nuevos informes periciales, se analizaron más de 80 bienes vinculados a la firma Real Central —relacionada con Pantano— y se solicitó el levantamiento del secreto bancario para reconstruir movimientos financieros y consumos realizados con fondos de la AFA.
Además, remarcan que el expediente incluye más de 230 cajas de documentación secuestradas durante allanamientos realizados en la sede de la AFA sobre la calle Viamonte, junto con informes provenientes de organismos como la IGJ y ARCA.
En los tribunales de Campana sostienen que la investigación estaba cerca de identificar el supuesto origen del dinero utilizado para adquirir y sostener la propiedad, un elemento clave para sostener una eventual acusación por lavado de activos.
La causa, que combina poder político, dinero, fútbol y sospechas de corrupción, sigue abierta y promete nuevos capítulos en una trama que amenaza con alcanzar a figuras centrales del fútbol argentino.
