Este miércoles, en medio de una nueva manifestación de jubilados frente al Congreso de la Nación, la Cámara de Apelaciones porteña autorizó la presencia de fuerzas federales en la zona, revirtiendo un fallo anterior que había limitado su participación.
La polémica se desató luego de que el juez de primera instancia, Roberto Gallardo, hiciera lugar a un amparo presentado por organizaciones sociales y prohibiera el despliegue de fuerzas federales en la protesta. Sin embargo, la Cámara —integrada por los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik— dictaminó que el fuero local “carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la actuación de fuerzas federales o sobre la aplicación de normas nacionales como la Ley de Seguridad Interior”.
La vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, celebró la decisión y destacó que el tribunal también respaldó al Ejecutivo local, al considerar que “no existía una omisión comprobable en sus deberes de seguridad” y que el planteo de los amparistas excedía la competencia del fuero.
Según lo dispuesto, las fuerzas federales estarán apostadas dentro del perímetro vallado que rodea el Congreso, mientras que la seguridad en la vía pública seguirá bajo control de la Policía de la Ciudad. Además, el Gobierno porteño retiró 160 contenedores de residuos en las inmediaciones del Congreso y sobre Avenida de Mayo, como parte del operativo de prevención.
