Este martes, la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el lavado de dinero relacionado con Lázaro Báez, un empresario cercano al kirchnerismo, condenado a diez años de prisión por este delito. La decisión judicial anula el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, quien en 2023 había solicitado que se cierre el expediente en relación a la expresidenta, lo que llevó al juez federal Sebastián Casanello a dictar su sobreseimiento en base a la falta de acusación.

El tribunal, conformado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah, falló con mayoría de dos votos contra uno. Llorens y Bertuzzi respaldaron la nulidad del dictamen fiscal y exigieron que la investigación continúe, mientras que Farah votó en disidencia sobre este punto. A pesar de la nulidad del dictamen, la Cámara decidió mantener a Casanello al frente de la causa, rechazando un pedido de apartamiento.

Un fallo que revive la investigación

El juez Casanello había sobreseído a Cristina Kirchner en esta causa al concluir que sin acusadores no era posible sostener el proceso penal. Tanto el fiscal Marijuan como los organismos querellantes, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se habían sumado a la solicitud de sobreseimiento, argumentando que no había elementos suficientes para sostener la acusación contra la vicepresidenta.

Sin embargo, la asociación civil Bases Republicanas, vinculada al espacio político Pro, se presentó como querellante y solicitó que se anule el dictamen fiscal. La Cámara Federal aceptó su incorporación como querellante, a pesar de que Casanello había rechazado su intervención argumentando que no tenían legitimidad como “particularmente ofendidos” y que su pedido se produjo de manera tardía, cuando la causa llevaba más de una década en investigación.

Con esta resolución, la Cámara Federal habilitó a Bases Republicanas a participar activamente en el caso y revocó el sobreseimiento de la expresidenta. Ahora, la causa queda nuevamente abierta para que Cristina Kirchner siga siendo investigada.

¿Qué implica el fallo?

El fallo representa un nuevo avance judicial que reaviva una de las causas más emblemáticas contra Cristina Kirchner, relacionada con las maniobras de lavado de dinero vinculadas a Lázaro Báez, quien había amasado una fortuna durante los gobiernos kirchneristas a través de contratos de obra pública. Si bien el empresario fue condenado, la investigación respecto a la participación de la entonces presidenta en estos ilícitos continúa generando controversias políticas y judiciales.

El juez Llorens incorporó en el fallo un pedido específico para que Casanello avance con celeridad en la investigación, acatando las instrucciones previas que la Cámara ya había emitido en anteriores intervenciones. Esto refuerza la expectativa de que el expediente avance más rápidamente, lo cual podría complicar aún más el panorama judicial de la expresidenta y actual vicepresidenta.

La postura de Cristina Kirchner

Hasta ahora, Cristina Kirchner ha negado en todo momento cualquier vinculación con las maniobras de lavado de dinero que se le imputan en esta causa. Sostiene que se trata de una persecución política por parte de sectores del poder judicial y medios de comunicación afines a la oposición. Su defensa ha argumentado que no existen pruebas directas que la vinculen con los delitos cometidos por Báez, quien ya fue condenado.

Este fallo, sin embargo, introduce un nuevo capítulo en la causa y abre la posibilidad de que se profundice la investigación sobre su papel en las operaciones financieras ilícitas de Báez. Los próximos pasos de la causa podrían ser clave tanto para su situación judicial como para el clima político del país.

El impacto político

El fallo de la Cámara Federal llega en un contexto político agitado, con Cristina Kirchner ocupando el cargo de vicepresidenta y en medio de un clima de polarización entre el oficialismo y la oposición. La decisión de reabrir la causa contra la vicepresidenta añade un nuevo frente en su larga batalla judicial, y podría tener repercusiones en el escenario político, especialmente de cara a la dinámica interna del kirchnerismo y sus adversarios.

Por otro lado, este fallo podría también ser interpretado como un intento de ciertos sectores opositores, representados en este caso por Bases Republicanas, de mantener abiertas las causas judiciales contra figuras prominentes del kirchnerismo, con el objetivo de erosionar su poder y apoyo popular.

La próxima reunión del tribunal y el avance de la causa podrían traer nuevas revelaciones o profundizar el conflicto político en torno al rol de Cristina Kirchner en los escándalos de corrupción de su gobierno.