Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal confirmaron la sentencia de seis años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa conocida como “Vialidad”. En su extenso fallo de 1541 páginas, detallaron la evidencia que demostró su participación determinante en un esquema de direccionamiento de obras públicas hacia las empresas del empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado. Según el tribunal, este entramado involucró una serie de licitaciones fraudulentas y el desvío de fondos que perjudicó al Estado en, al menos, 84.000 millones de pesos.

El fallo y el rechazo al argumento de “lawfare”

El voto disidente del juez Gustavo Hornos fue el más contundente al responder a las acusaciones de Cristina Kirchner, quien había insistido en que su enjuiciamiento formaba parte de una estrategia de “lawfare” –una supuesta conspiración entre el Poder Judicial y los medios para debilitar políticamente a sus opositores. Hornos rechazó de plano esta teoría, señalando que “el lawfare aparece solo como una nueva teoría conspirativa, cuyo destino no parece ser otro que transformarse en una coartada para eludir la rendición de cuentas por delitos de corrupción”.

Hornos destacó que, a lo largo del proceso, intervinieron más de 20 magistrados y fiscales, muchos de los cuales fueron designados durante el mandato de la propia expresidenta. Según el juez, la hipótesis de una conspiración judicial carece de fundamento frente al abrumador caudal de pruebas acumuladas a lo largo del juicio.

Un esquema de corrupción sistemática y el “plan limpiar todo”

El fallo confirma que Cristina Kirchner jugó un papel central en la estructuración de un esquema que favoreció a Báez a través de 51 contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los jueces destacaron que, incluso tras perder las elecciones presidenciales de 2015, la expresidenta lideró un “plan limpiar todo” que buscaba cerrar las empresas de Báez y garantizar el cobro de deudas pendientes con el Estado antes de abandonar el poder.

Los mensajes extraídos del teléfono del exsecretario de Obras Públicas, José López, mostraron cómo, en las últimas semanas de su mandato, Cristina Kirchner mantuvo reuniones y conversaciones con Báez y su equipo para orquestar esta maniobra. Según la sentencia, las instrucciones de la exmandataria incluyeron despedir a los trabajadores de Austral Construcciones y asegurar que Báez recibiera los pagos adeudados antes de que el nuevo gobierno asumiera.

El análisis de Borinsky: el decreto que habilitó el esquema

El juez Mariano Borinsky enfatizó en su voto que la creación de un fideicomiso mediante el Decreto 976/2001 fue el punto de partida para la operación de esta red de corrupción. El decreto, según Borinsky, permitió que los fondos recaudados por la tasa al gasoil fueran utilizados discrecionalmente para obras públicas, sin especificar cuáles, y que la Dirección Nacional de Vialidad tuviera control directo sobre esos recursos.

La sentencia señala que Cristina Kirchner otorgó a su secretario de Obras Públicas plenos poderes para modificar el fideicomiso, lo que facilitó un uso arbitrario de los fondos. Borinsky citó precedentes de otros casos de corrupción, como la venta de armas durante la presidencia de Carlos Menem, para justificar la figura del fraude en lugar de la asociación ilícita.

El voto de Diego Barroetaveña y la escala del fraude

Por su parte, Diego Barroetaveña, en un voto que cerró el fallo, resaltó la magnitud del fraude y el daño al erario público. Consideró que la escala de los delitos comprobados excede incluso las penas previstas en el Código Penal para estos casos. “Resulta penoso confirmar una condena de seis años de prisión ante la comprobación tan contundente de un hecho defraudatorio de dimensiones colosales, perpetrado por funcionarios de tan alta jerarquía, incluida la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, expresó Barroetaveña en su fallo.

Barroetaveña también desestimó los argumentos de la defensa, que intentaron desvincular a la expresidenta del esquema bajo la premisa de que las reasignaciones presupuestarias eran competencia del jefe de Gabinete. Según el juez, las pruebas documentales y testimoniales demostraron que Cristina Kirchner tuvo un papel directo y determinante en la maniobra, al autorizar y supervisar los contratos fraudulentos.

El impacto de la sentencia y lo que sigue

Con la confirmación de la sentencia en la Cámara Federal de Casación, el caso podría avanzar hacia la Corte Suprema, última instancia judicial en el país. Mientras tanto, Cristina Kirchner sigue manteniendo su inmunidad parlamentaria como senadora, lo que la protege temporalmente de una posible prisión efectiva.

La sentencia resuena con fuerza en el contexto político argentino, ya que llega en un momento de intensos debates sobre la corrupción y la transparencia en la función pública. Si bien la vicepresidenta insiste en que se trata de una persecución judicial, el fallo de Casación refuerza la postura de quienes la acusan de haber liderado un sistema de corrupción durante sus años en la presidencia.

Conclusión: un fallo que marca un antes y un después

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal no solo ratifica una condena que ha marcado profundamente la escena política argentina, sino que también desmantela las teorías de persecución esgrimidas por la defensa de Cristina Kirchner. Con tres votos unánimes que se enfocaron en la evidencia documental y en testimonios clave, este fallo sienta un precedente contundente en la lucha contra la corrupción en las más altas esferas del poder en Argentina.