La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gobierno. La resolución también ratificó un embargo por $14.634 millones y la prohibición de salida del país sin autorización judicial.
El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, quienes integraron la mayoría, mientras que el camarista Eduardo Farah adhirió de manera parcial con un voto propio. Con esta decisión, el expresidente queda un paso más cerca de enfrentar un juicio oral y público.
Un entramado de vínculos e influencias
Según la Cámara, quedó demostrado un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández en beneficio del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su histórica secretaria privada, María Marta Cantero. Para los jueces, el vínculo entre Fernández y Martínez Sosa no se limitaba a una relación personal, sino que incluía conexiones económicas y profesionales que, apoyadas en el poder del entonces mandatario, derivaron en una “participación directa” en las contrataciones cuestionadas.
La investigación determinó que la empresa Martínez Sosa y Compañía S.A. recibió el 59,6% de las comisiones pagadas por Nación Seguros a intermediarios desde que Fernández asumió la Presidencia.
Mensajes y decisiones que comprometieron al expresidente
Entre las pruebas que la Cámara consideró más relevantes se encuentra un mensaje de mayo de 2023, enviado por Fernández a Cantero, quien le expresó preocupación por la eventual pérdida de un contrato en la Cancillería. El expresidente respondió: “Ya me ocupo”. Para el tribunal, esa frase constituye una manifestación concreta de interés, un elemento central para configurar el delito de negociaciones incompatibles.
El expediente también incorpora evidencia sobre el rol de Martínez Sosa en la conformación del Directorio de Nación Seguros, incluyendo la designación de Alberto Pagliano y Carlos Gustavo García Argibay, ambos procesados.
Aunque el fiscal José Luis Agüero Iturbe había dictaminado que correspondía dictar la falta de mérito para el expresidente por considerar que la prueba aún era insuficiente, la Cámara descartó ese criterio y recordó que su dictamen no limita la capacidad del tribunal para resolver. Además, la fiscalía no había apelado el procesamiento original dictado por los jueces Julián Ercolini y Sebastián Casanello.
Quiénes siguen procesados y quiénes quedaron fuera de la causa
La Cámara también confirmó los procesamientos de:
- Héctor Horacio Martínez Sosa
- Alberto Carlos Pagliano
- María Marta Cantero (también imputada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública)
- Alfredo Del Corro
- Damián Gosso
- Carlos Alberto Suárez
- Mariana Lourdes Trupia
- Alejandro Damián Celes
- Déborah Toloza
En cambio, fueron revocados los procesamientos por lavado de activos de María Victoria Bisogni y Mauro Tanos. Además, fueron sobreseídos varios exfuncionarios y empresarios, entre ellos Sebastián Díaz Bancalari, Brian Kelly, Lucas Pablo Rosendi, Diego Carlos Marín, Norberto Matías Garrido, Fernando Carlos Salim, Federico D’Angelo Campos y Santiago Fraschina, así como las cooperativas 7 de Mayo e Irigoin.
La investigación continúa
La mayoría de la Cámara ordenó al juez profundizar la pesquisa para reconstruir el circuito del dinero y determinar cómo se gestaron las designaciones internas que permitieron ejecutar las maniobras bajo investigación.
La confirmación del procesamiento marca un giro clave en el expediente y coloca al expresidente Alberto Fernández bajo un escenario judicial cada vez más complejo.
