En una sesión especial cargada de tensión y con temas sensibles en la agenda, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica, con foco en la situación crítica del Hospital Garrahan, principal centro de atención infantil del país. Con 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones, la iniciativa —impulsada por bloques opositores— avanza en el Congreso pese al anuncio del Gobierno de que, de convertirse en ley, será vetada.

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a recomponer los salarios del personal del Garrahan —incluidos médicos, enfermeros y residentes— hasta alcanzar, como mínimo, el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023. La medida también alcanza al personal no asistencial, y establece exenciones del impuesto a las ganancias para quienes realizan tareas críticas, guardias o trabajan horas extras.

Uno de los discursos más enfáticos fue el del diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria), quien afirmó: “La salud de los niños no puede ser sacrificada en el altar del equilibrio fiscal”. Yedlin, médico de profesión, sostuvo que el estado del Garrahan “es de enorme preocupación” y reclamó al oficialismo que “mire la realidad con empatía”.

El conflicto en el Garrahan lleva varios meses y se ha profundizado a raíz de los recortes presupuestarios. El personal médico viene denunciando condiciones salariales deterioradas, falta de recursos e infraestructura envejecida. La iniciativa parlamentaria contempla la utilización de reservas sanitarias y la reasignación de partidas dentro del Ministerio de Salud como fuentes de financiamiento para garantizar la operatividad del hospital.

La sesión, solicitada por la oposición, también incluyó otros temas conflictivos como el financiamiento universitario y la emergencia por la catástrofe climática en Bahía Blanca. A pesar del estrecho margen para alcanzar el quórum, los bloques no oficialistas lograron imponer el debate en un contexto de creciente malestar social y demanda por políticas públicas más sensibles.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, la reacción fue inmediata. Voceros del Gobierno confirmaron que, en caso de ser sancionada por el Senado, la ley será vetada. Argumentaron que la norma “rompe la regla de oro del equilibrio fiscal” y afirmaron que representa una presión adicional sobre las cuentas públicas que el Ejecutivo no está dispuesto a convalidar.

Con este resultado, la Cámara baja marca un punto de inflexión en la pulseada política entre el oficialismo y la oposición en torno a las prioridades del gasto público. Mientras el Gobierno insiste en mantener el superávit como bandera de gestión, los legisladores opositores colocan en el centro de la escena el drama de los hospitales públicos y el deterioro del sistema sanitario.

El debate ahora se traslada al Senado, donde la correlación de fuerzas será determinante. Mientras tanto, miles de trabajadores del Garrahan y de otros hospitales del país siguen esperando una respuesta concreta a sus reclamos.