En una escalada que revive algunos de los momentos más tensos del gobierno de Donald Trump en materia migratoria, la alcaldesa de Los Ángeles declaró el martes por la noche un toque de queda en el centro de la ciudad, vigente durante toda la madrugada, tras una jornada de protestas masivas contra las redadas ordenadas por la Casa Blanca.

La decisión fue adoptada tras registrarse enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la zona de Downtown, epicentro de la movilización convocada por organizaciones pro derechos humanos, comunidades latinas y sindicatos locales. El detonante fue el despliegue sin precedentes de 2.000 soldados adicionales —incluidos 700 marines— para colaborar con las operaciones migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que, según diversas fuentes, incluyen allanamientos domiciliarios, controles callejeros y operativos en lugares de trabajo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó rápidamente y presentó el mismo martes una solicitud de emergencia ante un tribunal federal con sede en San Francisco, con el objetivo de frenar la utilización de fuerzas militares para tareas de control migratorio en jurisdicción estatal. En su presentación, Newsom argumentó que la intervención de la Guardia Nacional y de efectivos del Cuerpo de Marines en procedimientos civiles y policiales viola la Ley Posse Comitatus, que restringe el uso de tropas federales en funciones del orden interno, salvo expresa autorización del Congreso.

“Estamos ante una militarización impropia e inconstitucional de nuestras calles, en nombre de una política migratoria que vulnera los derechos humanos más básicos”, denunció el gobernador en una conferencia de prensa en Sacramento. Newsom, una de las figuras más duras en la oposición demócrata a Trump, advirtió además sobre los “riesgos de escalar una situación de por sí explosiva”, dado que gran parte de la población afectada por las redadas está compuesta por familias con hijos nacidos en Estados Unidos, trabajadores esenciales y personas sin antecedentes penales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, defendió el operativo, al que calificó como “estratégico y puntual”, alegando que está dirigido exclusivamente contra individuos con órdenes judiciales pendientes o antecedentes criminales. No obstante, distintas ONG denunciaron que los procedimientos incluyen arrestos masivos y discrecionales, incluso en espacios públicos como estaciones de tren, escuelas y hospitales.

El toque de queda decretado por la alcaldesa de Los Ángeles, respaldado por el Concejo Municipal, fue acompañado por una advertencia: cualquier manifestación no autorizada será disuelta y los organizadores podrán ser procesados por desobedecer la orden de restricción temporal. A pesar de ello, durante la noche se mantuvieron focos de protesta espontánea en barrios como Boyle Heights, Koreatown y Echo Park, donde la presencia policial se reforzó notoriamente.

Las imágenes de vehículos militares patrullando avenidas céntricas como Wilshire Boulevard o Figueroa Street generaron comparaciones inmediatas con los disturbios de 1992, luego del veredicto en el caso Rodney King. Varios analistas advierten sobre el posible efecto electoral de este nuevo frente de tensión, justo en momentos en que Trump comienza su campaña para retornar a la Casa Blanca.

La crisis también tuvo repercusiones internacionales. Diversos gobiernos latinoamericanos expresaron su preocupación por el uso de tropas contra comunidades migrantes, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado urgente exhortando a Estados Unidos a garantizar el debido proceso, evitar la detención arbitraria y respetar el principio de no devolución en los casos de solicitantes de asilo.

Mientras tanto, en Washington, la Casa Blanca guarda silencio sobre la intervención militar, aunque voceros del Departamento de Justicia indicaron que se trata de “una medida excepcional y temporal” frente a “la inacción de gobiernos locales que se niegan a colaborar con la aplicación de la ley”.

El escenario, no obstante, parece haberse tornado binario: o se impone el modelo federal de mano dura, o crece la resistencia institucional desde California, convertida —una vez más— en el epicentro de la disputa sobre el alma jurídica y moral del país.