El gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof desató un fuerte sacudón en la Policía provincial al cesantear a 24 oficiales superiores sospechados de integrar una “acción conspirativa” en favor de un candidato del frente La Libertad Avanza-Pro (LLA-PRO), que competirá en las legislativas del 7 de septiembre. La decisión, que se conoció este miércoles, vuelve a tensionar el clima político en la estratégica Tercera Sección electoral, principal bastión del peronismo bonaerense.
La denuncia y los operativos internos
La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), dependiente del Ministerio de Seguridad provincial, encabezó una serie de operativos sorpresa en oficinas de conducción de la Policía Bonaerense, similares a allanamientos. Según fuentes oficiales, allí se constató la veracidad de denuncias anónimas que señalaban a altos mandos como partícipes de actividades proselitistas en favor del excomisario Maximiliano Bondarenko, actual concejal de Florencio Varela y cabeza de lista del frente libertario en la Tercera Sección.
Los auditores secuestraron computadoras, hojas con membretes de LLA e imágenes con el “León”, símbolo del presidente Javier Milei. De acuerdo con la investigación preliminar, los involucrados redactaban proyectos de reforma policial y propuestas de ley en materia de seguridad, con la intención de ser impulsadas por Bondarenko desde la Legislatura bonaerense.
Los sancionados y las áreas afectadas
Entre los 24 cesanteados figuran oficiales de distintas jerarquías, incluidos directores de áreas clave como la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas (Policía Ecológica), ubicada en el predio del Bosque de La Plata, a pocos metros de la Jefatura central. También fueron pasados a disponibilidad efectivos de partidos como Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz.
“Estaban involucrados oficiales con cargos directivos en la línea de mando de la Policía. La mayoría cumplía funciones jerárquicas y utilizaba recursos estatales con fines políticos”, afirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad.
El ministro Javier Alonso adelantó que las actuaciones serán remitidas a la Justicia Penal, aunque por el momento los acusados enfrentan sanciones en el marco del Decreto Ley 9.550 (1980), que en su artículo 58, inciso 10, establece la cesantía o separación de retiro para quienes participen en política activa mientras se encuentren en servicio.
Bondarenko, la “sorpresa” libertaria en el Conurbano
El escándalo estalla en medio de la campaña electoral. Maximiliano Bondarenko, excomisario mayor retirado, fue uno de los nombres “tapados” en el cierre de listas y encabezará la boleta de LLA-PRO en la Tercera Sección electoral, que incluye 19 distritos del sur y sureste del Conurbano, donde votan casi 5 millones de bonaerenses.
Bondarenko compite directamente con Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense y candidata por Fuerza Patria, en un territorio históricamente dominado por el peronismo. Su postulación generó recelo en el oficialismo, que ve en su perfil policial un mensaje dirigido a un electorado preocupado por la inseguridad.
El excomisario ya había incursionado en política en 2021, cuando fue candidato a intendente por la lista de Facundo Manes. Ahora busca capitalizar el empuje libertario en distritos donde Milei obtuvo altos porcentajes en las presidenciales de 2023.
Un bastión en disputa y la reacción oficial
La Tercera Sección es considerada el corazón del poder electoral peronista. Allí Kicillof apuesta buena parte de su capital político, y una eventual irrupción libertaria representaría un golpe simbólico y estratégico.
“No vamos a permitir conspiraciones internas ni operaciones partidarias dentro de la fuerza. La Policía está para servir a la gente, no a intereses políticos”, sostuvo una fuente cercana a Kicillof, que considera el episodio un intento de desestabilización institucional.
El Ministerio de Seguridad remarcó que “no hay margen para la politización de la fuerza” y que se aplicarán sanciones ejemplares a quienes violen el estatuto policial.
Implicancias políticas y judiciales
La decisión de Kicillof se inscribe en un contexto de alta tensión política. El peronismo acusa a sectores libertarios de “cooptar estructuras estatales”, mientras que desde La Libertad Avanza denunciaron que se trata de una “persecución política” para desacreditar a Bondarenko antes de las elecciones.
La conducción bonaerense evalúa presentar denuncias penales si se comprueba que los cesanteados usaron recursos públicos para campañas partidarias.
Por ahora, la discusión se centra en el plano administrativo, pero no se descarta que la investigación judicial avance si se detectan delitos de malversación de fondos públicos o abuso de autoridad.
Una advertencia para la interna policial
Este episodio también expone las tensiones internas en la Bonaerense, una fuerza históricamente acusada de operar en paralelo a los gobiernos civiles. Con la cesantía de 24 oficiales, el mensaje del Ejecutivo provincial busca disciplinar a la cúpula policial en un momento donde la inseguridad es uno de los temas centrales de la agenda pública.