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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quedó a un paso de que la Justicia autorice el uso de la fuerza pública para obligarla a declarar ante la comisión investigadora de Diputados por el escándalo de la criptomoneda $Libra, un caso que también salpica al presidente Javier Milei, acusado de haber promocionado la memecoin desde sus redes sociales.
Mientras tanto, la oposición espera que este lunes la Justicia le habilite el acceso al expediente judicial del caso, que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.
El giro judicial que complica a la hermana del Presidente
Karina Milei sufrió un duro revés judicial este jueves, cuando el juez Martínez de Giorgi hizo lugar a una apelación presentada por la comisión parlamentaria que reclama su comparecencia ante el Congreso. Con esta resolución, el magistrado dejó la decisión final en manos de la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá determinar si autoriza o no el uso de la fuerza pública para llevarla a declarar.
El juez había quedado en una posición incómoda: si rechazaba la apelación, los diputados planeaban recurrir a la Corte Suprema con un recurso de queja, bajo el argumento de que la negativa vulneraba las facultades constitucionales del Parlamento.
En primera instancia, Martínez de Giorgi había rechazado por “improcedente” el pedido de intervención de la fuerza pública para efectivizar el comparecimiento no solo de Karina Milei, sino también de los titulares de la Oficina Anticorrupción (Alejandro Melik), la Unidad de Información Financiera (Paul Starc), la Unidad de Investigación sobre Criptomonedas (María Florencia Zicavo) y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (Roberto Silva).
Pero tras la apelación de los diputados encabezados por Maximiliano Ferraro, el juez reconsideró su decisión. Ferraro argumentó que la negativa judicial “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso”, invocando el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que otorga a las Cámaras el poder de requerir información y citar a funcionarios en ejercicio del contralor político.
La ofensiva parlamentaria
La Cámara de Apelaciones convocó a una audiencia para el 28 de octubre, aunque desde la comisión investigadora pidieron adelantar la fecha para no comprometer el plazo legal de entrega de su informe, previsto para el 10 de noviembre.
En paralelo, los diputados esperan que la Justicia los habilite a acceder al expediente judicial, una pieza clave para el avance del caso. Parte de la atención está puesta en el informe de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que el Gobierno se negó a entregar en su totalidad.
Según trascendió, cuando la comisión parlamentaria pidió los documentos, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona respondió con una nota ambigua: por un lado, afirmó que la investigación interna del Ejecutivo —dirigida por Zicavo— ya había concluido que el Presidente no tenía responsabilidad alguna; pero en el mismo documento sostuvo que el fiscal Eduardo Taiano había denegado el acceso al expediente, por lo que consideró “improcedente” el pedido legislativo.
“No se actúa así en un Estado de Derecho en el que impera la ley”,
fundamentó Cúneo Libarona, quien también rechazó concurrir al Congreso para explicar la actuación del Ejecutivo en el caso cripto.
El fiscal Taiano, a su vez, contó con el respaldo del procurador Eduardo Casal, cerrando el cerco institucional sobre los diputados, que ahora esperan una definición de Martínez de Giorgi sobre la apertura del expediente.
Lo que busca la comisión del caso $Libra
En su última reunión, la comisión investigadora fijó los puntos centrales de su pesquisa, entre ellos:
- Obtener copias certificadas completas y sin testar de las actuaciones de la UTI y la Oficina Anticorrupción, remitidas al juzgado.
- Determinar si la investigación del Gobierno fue genuina o encubridora para proteger al Presidente.
- Acceder a los informes periciales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), con el fin de trazar la ruta del dinero e identificar las operaciones de las 74 billeteras virtuales que habrían operado segundos antes del tuit presidencial.
- Incorporar los informes del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia sobre los antecedentes y el patrimonio de los imputados.
- Verificar las visitas a la Casa Rosada y la Residencia de Olivos de seis figuras clave del caso: Mauricio Novelli, Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy, “Julián Peh”, Sergio Morales y Ariel Parkinson.
Para los diputados, esa información es vital para reconstruir la cronología de los encuentros y contrastarla con las declaraciones públicas de los funcionarios.
Una causa con impacto político
El caso $Libra combina ingredientes judiciales, financieros y políticos explosivos. La promoción pública del activo digital por parte de Javier Milei desató sospechas sobre un posible uso de información privilegiada y sobre la actuación de funcionarios cercanos en la manipulación del mercado cripto.
La resistencia de Karina Milei a presentarse ante el Congreso, sumada a la falta de transparencia del Ejecutivo, ha convertido el caso en un campo de batalla institucional entre el Gobierno y la oposición, que busca exponer las zonas oscuras del círculo presidencial.
Si la Cámara Federal avala el uso de la fuerza pública, el país podría asistir a una escena inédita: la hermana del Presidente escoltada por efectivos judiciales hacia el Congreso, en un hecho que marcaría un punto de inflexión político y simbólico para el gobierno libertario.
