La jueza estadounidense Loretta Preska aprobó el embargo de USD 210 millones en activos argentinos, tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de habilitar el cobro de deudas impagas a holdouts. Los fondos serán ejecutados mediante una orden en la mesa de entrada de la Reserva Federal de Nueva York y entregados al fondo Attestor Master. Además, la magistrada congeló otros USD 100 millones hasta que se resuelva la disputa entre otros dos grupos de acreedores.

Este fallo es consecuencia de un largo litigio que se originó luego del default argentino de 2001. Desde entonces, ciertos acreedores, que nunca aceptaron los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016, han llevado adelante múltiples demandas contra el Estado argentino en tribunales internacionales. La reciente decisión judicial representa un nuevo revés para el país en el marco de estos conflictos.

El origen de la disputa y el fallo de la Corte Suprema

En enero de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de apelación de Argentina, allanando el camino para la ejecución del embargo. Con este fallo, quedaron habilitados los reclamos de los fondos Attestor Master y Bainbridge Fund, que exigían el pago de USD 460 millones y USD 100 millones, respectivamente.

Según explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en juicios contra Argentina, los acreedores lograron en 2022 una orden de embargo sobre activos argentinos utilizados como colateral de los Bonos Brady. Sin embargo, Argentina apeló la decisión y perdió, llevando el caso a la Corte Suprema, que terminó rechazando su pedido de revisión. Como resultado, solo restaba la orden final de la jueza Preska para efectivizar la medida.

Además, Maril destacó que Bainbridge Fund intentó ampliar el embargo a la totalidad de los fondos disponibles, pero la jueza solo autorizó la retención de USD 100 millones hasta que se resuelva la disputa entre los acreedores. En los próximos meses, Attestor Master y Bainbridge deberán argumentar en la justicia estadounidense por qué les corresponde tomar posesión de estos activos.

El papel de los Bonos Brady en el embargo

Los activos embargados corresponden a colaterales de los Bonos Brady, títulos emitidos a principios de los años ‘90 como parte de un acuerdo de reestructuración de deuda. En aquel entonces, Argentina refinanció pasivos acumulados en la década del ‘80 con el respaldo de bonos del Tesoro de EE.UU., depositados en una cuenta especial en la Reserva Federal de Nueva York.

El mecanismo estipulaba que, en caso de incumplimiento, los acreedores podrían cobrar estos bonos del Tesoro como compensación. En 2023, Argentina terminó de pagar sus compromisos asociados a los Bonos Brady, lo que dejó liberadas las garantías. Sin embargo, la reciente sentencia permitió a los holdouts acceder a estos fondos, sumando un nuevo revés legal para el país.

¿Quiénes son los acreedores beneficiados?

Los fondos que obtuvieron el embargo han adquirido deuda argentina en default desde 2001, comprando bonos a tenedores originales que nunca ingresaron a los canjes de 2005 (Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri).

Entre los principales fondos involucrados se encuentran:

• Attestor Master Value
• Trinity Investments
• White Hawthorne
• Bison Bee LLC
• Bybrook Capital Master

Estos acreedores representan menos del 3% del total de bonistas que mantuvieron sus títulos en default y litigaron contra Argentina. El grupo de los llamados holdouts o “fondos buitre” ha logrado en los últimos años diversas victorias judiciales, obligando al país a pagar sumas millonarias en juicios internacionales.

Impacto financiero y reacción del mercado

El fallo llega en un contexto complejo para Argentina, que busca renegociar su programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y estabilizar su economía. Si bien el embargo de USD 210 millones no representa una cifra desestabilizadora en términos macroeconómicos, sí refuerza la incertidumbre sobre la situación financiera del país y la capacidad de enfrentar futuros litigios.

En los mercados, la noticia tuvo un impacto moderado. Los bonos en dólares mostraron recuperación en la demanda gracias a la aparición de divisas de exportadores, lo que alivió momentáneamente la presión en el mercado cambiario. Sin embargo, la resolución judicial agrega un factor de riesgo en el escenario financiero argentino.

El Gobierno deberá evaluar los próximos pasos a seguir, aunque las opciones son limitadas, dado que el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. dejó sin margen de apelación. En este marco, la estrategia de negociación con los acreedores y la gestión de futuros pagos de deuda serán clave para evitar nuevos embargos en el futuro.