Juntos por el Cambio impugna la candidatura de Gildo Insfrán en Formosa ante la Corte Suprema

Después de las suspensiones de las elecciones en Tucumán y San Juan, Juntos por el Cambio ha presentado un recurso ante la Corte Suprema para impugnar la candidatura de Gildo Insfrán en Formosa.

La oposición en Formosa busca declarar inconstitucional un artículo de la Constitución provincial que permite la reelección indefinida del actual gobernador, quien ha estado en el poder desde 1995 y busca su octavo mandato consecutivo.

La presentación, realizada por el diputado opositor y candidato a gobernador Fernando Carbajal, destaca la “ambigüedad” del artículo 132 de la Constitución de Formosa, argumentando que permite la reelección indefinida de Insfrán. Dicho artículo establece que “el Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”. Cabe mencionar que la Carta Magna fue reformada en 2003, durante el mandato del actual gobernador.

Carbajal sostiene que esta situación “contrapone claramente el espíritu de la Constitución Nacional que establece los principios republicanos de gobierno y temporalidad en el poder”. Además, afirma que esta reelección indefinida convierte a la democracia en autoritarismo, ya que quien acumula tanto poder difícilmente puede ser vencido en las elecciones, sometiendo a los pueblos a la hegemonía del poder de turno.

En consecuencia, el diputado solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo en cuestión e impugne a cualquier candidato que busque perpetuarse en el poder en perjuicio del pueblo formoseño.

Además, la Unión Cívica Radical (UCR) también ha presentado un recurso ante la Corte Suprema, sumándose a los reclamos de inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución formoseña. En su presentación, argumentan que la candidatura de Insfrán causa un perjuicio al exponerlos a competir contra alguien que ha ocupado la primera magistratura provincial de manera ininterrumpida durante 36 años.

Ambas presentaciones solicitan la intervención de la Corte Suprema como custodia del sistema republicano y garante del pleno funcionamiento de las instituciones republicanas diseñadas en las provincias, cuando se denuncian lesiones a disposiciones constitucionales que son esenciales para la forma de gobierno republicana.

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