Jorge Macri, jefe de Gobierno electo, está en plenas negociaciones con los legisladores libertarios para asegurar su respaldo a un conjunto crucial de leyes. A cambio, se espera que públicamente apoyen a Javier Milei. Estas reformas, de ser aprobadas por la Legislatura porteña, podrían inaugurar un periodo de cambios significativos, desafiando el statu quo que Horacio Rodríguez Larreta ha mantenido durante años.

Las propuestas en debate abordan temas fundamentales, desde ajustes en la plantilla de empleados municipales hasta cambios en la zonificación de la Ciudad, ajustes en la carrera de Salud e incluso la posibilidad de otorgar competencias extraordinarias al Ejecutivo para extender concesiones por varios años, evitando el proceso legislativo. Ante la falta de mayoría propia en la Legislatura, Macri considera un acuerdo parlamentario con los libertarios como una alternativa viable.

Esta negociación se produce en paralelo al acuerdo entre Mauricio Macri y Milei, aunque Jorge Macri parece buscar hacer valer de manera autónoma su respaldo al candidato libertario. Todo indica que el acuerdo está en marcha y se espera que el anuncio del respaldo sea realizado personalmente por Macri antes del jueves, último día para realizar declaraciones políticas antes de la veda electoral.

Uno de los aspectos más delicados de las leyes en discusión es la que propone la “prescindibilidad” de los empleados municipales, aunque en el entorno de Macri aclaran que se enfoca en funcionarios políticos, no en empleados de base. Otra ley busca transformar la carrera de Salud en la Ciudad, incluyendo a los enfermeros en respuesta a los conflictos previos.

La modificación del Código Urbano, que permitiría la construcción de torres en ciertos barrios, también figura en el paquete de leyes propuesto por Macri. Durante su campaña, destacó la necesidad de frenar transformaciones no deseadas en la identidad de los barrios porteños.

La ley más controvertida que busca modificar es la referente a las concesiones de más de cinco años. Macri pretende eludir la exigencia constitucional que establece la aprobación legislativa para estas concesiones, proponiendo extender el límite a 20 años sin necesidad de aprobación parlamentaria. Aunque esto podría enfrentar desafíos judiciales, en su entorno niegan que Macri esté impulsando esa modificación.