El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta crecientes acusaciones en el marco de una investigación que lo vincula a una presunta trama golpista destinada a desestabilizar la democracia del país. Según las autoridades, Bolsonaro y al menos 36 personas más, incluidos ex ministros, asesores y altos mandos militares, estarían involucrados en planes para abolir violentamente el Estado democrático de derecho, organizar un golpe de Estado y ejecutar una asociación ilícita con objetivos concretos, como el seguimiento y posible asesinato de figuras clave de la política y el poder judicial.

Planes Golpistas con Apoyo Militar

Uno de los puntos centrales de la investigación es un documento que Bolsonaro habría presentado a los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea en diciembre de 2022, semanas después de su derrota en las elecciones. Este plan proponía declarar un estado de sitio y crear una comisión especial para investigar el proceso electoral, alegando irregularidades en las urnas electrónicas.

Los generales Marco Antônio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista Júnior confirmaron la existencia de este documento durante una reunión en el Palacio de Alvorada. Esta estrategia formaba parte de un esfuerzo más amplio para intervenir en los resultados electorales y mantener a Bolsonaro en el poder, según revelaron las investigaciones.

Evidencias Comprometedoras

La Policía Federal encontró en la residencia del ex ministro de Justicia, Anderson Torres, borradores de decretos que delineaban intervenciones directas en el Tribunal Superior Electoral (TSE). Uno de estos textos, fechado en 2022, incluía el nombre de Bolsonaro y sugería convocar nuevas elecciones bajo supervisión militar. Aunque estos documentos no llegaron a oficializarse, las autoridades sostienen que Bolsonaro estaba al tanto y habría solicitado ajustes antes de dejar la presidencia.

Entre las pruebas más contundentes está un documento titulado “Daga Verde-Amarela”, que contenía un plan detallado para asesinar a figuras clave como el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Seguimiento y Planificación de Asesinatos

Las investigaciones también apuntan a un seguimiento directo de Alexandre de Moraes, una de las principales figuras en la supervisión electoral y crítico del gobierno de Bolsonaro. Según la Policía Federal, este seguimiento habría sido coordinado por Mário Fernandes, un alto funcionario gubernamental, y ejecutado por asesores cercanos, incluido el teniente coronel Mauro Cid.

El objetivo final, según las autoridades, era secuestrar y asesinar al magistrado, un plan que demuestra el nivel extremo de los esfuerzos por alterar el orden democrático.

Uso de Recursos Estatales

Documentos relacionados con estos planes golpistas fueron impresos directamente en el Palacio de Planalto, utilizando recursos públicos. Según registros oficiales, el general Mario Fernandes realizó varias copias del material el 16 de diciembre de 2022, las cuales habrían sido distribuidas en reuniones privadas con Bolsonaro y otros colaboradores clave.

Además, las investigaciones revelaron que en julio de 2022, antes de las elecciones, Bolsonaro se reunió con miembros de su gabinete en el Palacio de Planalto para discutir posibles estrategias en caso de una derrota. En esa reunión, el general Augusto Heleno, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, sugirió la necesidad de “cambiar la situación” antes de los comicios, mientras que Fernandes planteó la posibilidad de desestabilizar el país si no se lograba una intervención militar en los procesos electorales.

El Papel del Partido Liberal

El Partido Liberal (PL), liderado por Bolsonaro, también desempeñó un rol clave en la propagación de teorías de fraude electoral. En noviembre de 2022, presentó una demanda para invalidar los resultados de las urnas electrónicas, mientras que el comité de campaña de Bolsonaro utilizó estas narrativas para alentar acciones que buscaban justificar una intervención militar.

Un Atentado Contra la Democracia Brasileña

La investigación de la Policía Federal, que lleva casi dos años en desarrollo, apunta a la existencia de una red de acciones coordinadas desde los niveles más altos del gobierno de Bolsonaro para desestabilizar las instituciones democráticas. Las pruebas recopiladas subrayan la gravedad de las acusaciones, que incluyen conspiración, abuso de poder y el uso de recursos estatales para fines golpistas.

Repercusiones Políticas y Jurídicas

Este caso tiene el potencial de marcar un antes y un después en la historia política de Brasil. Las acusaciones contra Bolsonaro y su entorno no solo lo enfrentan a posibles cargos criminales, sino que también ponen en cuestión la estabilidad democrática del país.

El Supremo Tribunal Federal y la Policía Federal continúan avanzando en las investigaciones, y no se descarta que en los próximos meses se presenten nuevas imputaciones contra el ex mandatario y sus colaboradores más cercanos. En un momento en que Brasil busca recuperar la confianza en sus instituciones, este caso representa un desafío crucial para su sistema democrático.