La polémica por las irregularidades presentadas por algunos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que otorga el Gobierno nacional, sigue tomando repercusión, esta vez fue el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, quien criticó el accionar de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Es que el líder social sostuvo que debería haber un “reempadronamiento” y que el Gobierno tiene que empezar ajustando a “los de arriba” y no a los de “abajo”, luego de que la ministra anunciara que se le quitaría el plan a quienes figuren en el registro de AFIP por haber adquirido dólares o bienes.

“¿Porque compraron 200 dólares los van a suspender, con el argumento que en su lugar van a llevar a un indigente? Decir eso es una canallada. Es sacarle la mitad del sueldo a gente vulnerable en lugar de sacarle a los ricos. Va en contra de cualquier doctrina peronista”, sentenció el referente.

A lo que agregó: “Expulsar a gente vulnerable que vive en una villa, porque llega a los 120 mil pesos, pero no tienen obra social, ni estabilidad, es abuso de autoridad. Y si no hubo cambio de reglas y ahora van a hacer esto tendrían que estar presos Daniel Arroyo y Juan Zabaleta”.

Por su parte, Tolosa Paz, que fue denunciada penalmente por el fiscal Guillermo Marijuán, que lleva adelante la investigación por este hecho, le respondió al líder del Frente Patria Grande, que “no cambiaron las reglas”, y aclaró que el informe de AFIP fue solicitado por su antecesor, Juan Zabaleta, y que los resultados están siendo cruzados ahora con la información del Ministerio.

“La transferencia del Potenciar Trabajo, Juan lo sabe bien, es hasta el monotributo A”, explicó la funcionaria, a lo que agregó que si están en una situación de crisis esos beneficiarios que compraron dólar ahorro se los podrá ayudar con otros programas de capacitación.

El conflicto entre los propios miembros del Frente de Todos, no solo se quedó en palabras, de hecho varias organizaciones sociales que responden al kirchnerismo, anunciaron que llevaran adelante marchas y cortes de calles en todo el país, durante la semana próxima, en reclamo de una solución para los beneficiarios.

Por su parte, la causa que lleva adelante la Justicia, contiene unos 250 mil titulares de planes sociales en investigación por haber adquirido propiedades, dólares o poseer otro tipo de beneficios que son incompatibles con el subsidio.