0
0
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero quedó formalmente imputado este martes en una causa por presunto tráfico de influencias vinculada al rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra. Se trata de la primera vez que un ex jefe del Ejecutivo español enfrenta una imputación judicial de este tipo.
La decisión fue adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien sostiene que existen indicios de una “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” presuntamente liderada por Zapatero para favorecer a terceros mediante gestiones ante organismos públicos.
La investigación gira en torno al rescate financiero de 53 millones de euros otorgado por el Estado español a Plus Ultra durante la pandemia. Según el magistrado, parte de esos fondos podría haber sido utilizado para operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con presuntas maniobras corruptas vinculadas a funcionarios venezolanos.
Aunque la causa había sido archivada inicialmente, fue reabierta tras nuevos hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción en 2024.
Zapatero, dirigente del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, quedó imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
En el auto judicial, el magistrado calcula que el exmandatario y su entorno habrían recibido beneficios cercanos a los 1,9 millones de euros a través de distintas empresas y sociedades vinculadas.
Entre las operaciones señaladas, el juez menciona transferencias realizadas por la firma Análisis Relevante —propiedad de un amigo de Zapatero y vinculada comercialmente a Plus Ultra— hacia cuentas del ex presidente y hacia Whathefav, una empresa relacionada con sus hijas.
También aparecen pagos provenientes de Gate Center, un centro de análisis político, y de sociedades del grupo Thinking Heads, dedicadas a relaciones públicas y consultoría.
Según el magistrado, la estructura investigada habría utilizado contactos políticos y capacidad de acceso a altos cargos del Estado para obtener decisiones favorables para determinadas empresas.
La resolución judicial también incorpora sospechas sobre posibles maniobras de lavado de dinero mediante sociedades instrumentales radicadas en jurisdicciones de baja transparencia fiscal.
Tras conocerse la imputación, Zapatero negó cualquier irregularidad y aseguró que “jamás” intervino ante organismos públicos para favorecer el rescate de Plus Ultra.
“Toda mi actividad pública y privada se desarrolló siempre con absoluto respeto a la legalidad”, afirmó en un mensaje difundido a los medios. Además, sostuvo que nunca tuvo sociedades mercantiles ni participó en operaciones financieras irregulares, ni en España ni en el exterior.
El exmandatario comparecerá ante la justicia española el próximo 2 de junio en calidad de investigado.
El caso provocó una fuerte conmoción política en España. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió públicamente a respaldar a Zapatero y pidió defender su “buen nombre”.
Desde el Gobierno español manifestaron confianza en la justicia y remarcaron que la denuncia original había sido impulsada por la organización Manos Limpias, vinculada a sectores de ultraderecha.
En cambio, el opositor Partido Popular calificó la imputación como “de extrema gravedad” y exigió explicaciones urgentes al Ejecutivo de Sánchez, que enfrenta además otras investigaciones por presuntos casos de corrupción que involucran a ex funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo.
