El fiscal federal Carlos Stornelli imputó este miércoles al ex presidente Alberto Fernández por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La imputación está relacionada con la gestión de la cuarentena implementada durante la pandemia del coronavirus, la cual, según la investigación, podría haberse extendido más allá de lo necesario por razones políticas.

Esta causa se originó a partir de una denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, basada en declaraciones del ex ministro de Economía, Martín Guzmán. En recientes entrevistas, Guzmán afirmó que la cuarentena fue utilizada como una “bandera política” por el Gobierno de Fernández. Dichas declaraciones generaron revuelo, ya que apuntan a que las medidas restrictivas adoptadas durante la pandemia se habrían prolongado con objetivos políticos más que sanitarios.

Investigación sobre la cuarentena

En su presentación judicial, Stornelli solicitó que se recaben todas las normas y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional durante la pandemia que establecieran restricciones a las libertades de las personas, la realización de reuniones y el funcionamiento de diversas actividades económicas y sociales. Además, pidió que se obtengan los antecedentes técnicos y dictámenes jurídicos que respaldaron esas decisiones, a fin de evaluar si las medidas fueron necesarias o se adoptaron por razones políticas.

Otro de los pedidos clave del fiscal fue la “videograbación original” de la entrevista en la que Martín Guzmán realizó sus declaraciones, así como la transcripción de su contenido. Guzmán había afirmado que la cuarentena “fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno”, y sostuvo que, en su opinión, las restricciones duraron más de lo necesario.

El fiscal también solicitó que se cite a los representantes legales y titulares de cámaras empresariales de las principales actividades económicas del país para que brinden su testimonio sobre el impacto que las restricciones sanitarias tuvieron en sus sectores durante la pandemia.

La causa está ahora en manos de la jueza federal María Servini, quien deberá decidir si ordena las medidas solicitadas por Stornelli para avanzar con la investigación.

Causa por violencia de género contra Fernández

En paralelo, el ex presidente Alberto Fernández enfrenta otra causa, esta vez por violencia de género, en la que se esperan novedades esta misma semana. El fiscal federal Ramiro González convocó a las abogadas del ex mandatario y de su esposa, Fabiola Yáñez, para abrir los sobres que contienen las declaraciones de tres testigos presentados por Fernández. Estas declaraciones fueron realizadas ante escribano y permanecen en sobre cerrado en la sede de la fiscalía.

Los testigos fueron aportados por la defensa del ex presidente, representada por la abogada Silvina Carreira, quien argumentó que sus identidades deben permanecer reservadas por razones de “seguridad nacional”, ya que se trataría de ex trabajadores de la quinta presidencial de Olivos. Tras abrir y leer el contenido de las declaraciones, la fiscalía decidirá si cita a los testigos a declarar.

Además, está programada para este jueves la declaración del ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, quien será llamado a testificar como parte del proceso. Fernández lo relevó de su obligación de guardar secreto profesional, pero solo en lo relacionado con el objeto de la causa. Fabiola Yáñez ya había relevado del secreto al mismo médico cuando declaró en una audiencia por Zoom.

Otros avances en la investigación

En el marco de esta causa, también se espera la declaración de Sofía Pacchi, amiga de Yáñez y una de las personas que asistieron a su fiesta de cumpleaños en la quinta de Olivos durante la pandemia. Pacchi fue citada para el 12 de septiembre.

Asimismo, la Fiscalía aguarda el resultado de un exhorto enviado a España para que Miriam Verdugo, madre de Yáñez, pueda declarar por videoconferencia. Verdugo se encuentra en España junto a su hija y su nieto, hijo de Alberto Fernández y Yáñez. Además, se solicitó el secuestro del teléfono celular de Yáñez en España, aunque el juez de la causa, Julián Ercolini, dispuso que la extracción de datos se realice en Argentina y no en el país europeo.

El avance de ambas investigaciones coloca al ex presidente Alberto Fernández en el centro de la escena judicial, con imputaciones que abarcan tanto su gestión de la pandemia como acusaciones personales en una causa de violencia de género.