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La organización Human Rights Watch reclamó la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Cuba, luego de confirmar que ninguno fue incluido en la reciente excarcelación de 2.010 reclusos anunciada por el gobierno a comienzos de abril.
Según la entidad, las autoridades cubanas excluyeron de manera deliberada a quienes están condenados por delitos catalogados como “contra las autoridades”, una figura legal que —afirman— se utiliza de forma sistemática para perseguir a opositores y críticos del régimen.
De acuerdo con datos de HRW, junto a organizaciones como Prisoners Defenders y Justicia 11J, más de 700 personas permanecen actualmente encarceladas por motivos políticos en la isla. A esto se suman varios cientos que enfrentan arresto domiciliario u otras restricciones, mientras que el reciente indulto solo alcanzó a presos comunes.
El gobierno cubano sostiene que no existen presos políticos, una postura que contrasta con las denuncias documentadas por organismos independientes. En ese sentido, HRW subrayó que ni el embargo económico de Estados Unidos ni las dificultades energéticas pueden justificar la detención de personas por ejercer su derecho a la libre expresión.
El régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel presentó la medida como un gesto humanitario, basado en criterios como la conducta, el tiempo de condena cumplido y el estado de salud de los reclusos. Entre los liberados se incluyeron jóvenes, mujeres, adultos mayores y extranjeros, siempre que no estuvieran acusados de delitos contra la autoridad.
Uno de los casos que expone las limitaciones del indulto es el de Lisandro Betancourt Escalona, quien lleva más de 35 años en prisión. Desde la cárcel El Típico, en Las Tunas, calificó la medida como una “farsa” y denunció que ni él ni otros detenidos con problemas de salud fueron beneficiados. El preso, de 63 años y con ambas manos amputadas, advirtió además que iniciará una huelga de hambre en señal de protesta.
El reclamo de las organizaciones de derechos humanos se produce en un contexto de creciente tensión interna. Para este miércoles, la estatal Unión Eléctrica anticipó apagones que afectarán al 62 % del país, reflejo de la crisis energética que atraviesa la isla, atribuida tanto al deterioro del sistema como a las restricciones externas.
