Canadá da un paso importante en materia de sustancias ilícitas. Este martes ha entrado en vigor una exención a la ley federal para permitir la posesión para uso personal de pequeñas cantidades de ciertas drogas duras en Columbia Británica. La medida, aprobada por el ministerio de Salud de Canadá y solicitada por el Gobierno de esa provincia, tiene como objetivo privilegiar un enfoque basado en la salud pública y en la reducción de estigmas por encima de uno de corte punitivo. “En vez de tratar a estas personas como delincuentes, se les dará cuidado y compasión. Tendrán acceso a información”, indicó este lunes en rueda de prensa Jennifer Whiteside, ministra de Salud Mental y Dependencias de Columbia Británica.
Países como Portugal y Estonia ya habían optado por la misma disposición. En el caso canadiense, no es casualidad que la puesta en marcha de este proyecto piloto, que tendrá una duración de tres años, se lleve a cabo en la provincia ubicada en la costa pacífica. Columbia Británica es considerada el epicentro de la crisis de muertes por sobredosis que golpea al país norteamericano. Desde abril de 2016, cuando la provincia declaró el estado de urgencia sanitario por este flagelo, más de 11.000 personas han perdido la vida, principalmente por opioides. La toxicidad de las drogas es la principal causa de muerte no natural en Columbia Británica
De acuerdo con la disposición, los individuos de al menos 18 años de edad podrán poseer para consumo personal un máximo de 2,5 gramos de cocaína, metanfetamina, MDMA y ciertos opiáceos (como la heroína, el fentanilo y la morfina). La policía no podrá confiscar dichas sustancias y los consumidores estarán al resguardo de multas, arrestos o acusaciones. A cambio, los consumidores recibirán información sobre un abanico de servicios a su disposición.
Más de dos tercios de los agentes policiales en la provincia ya han recibido una formación sobre este enfoque. Fiona Wilson, vicepresidenta de la Asociación de jefes de policía de Columbia Británica, dijo que la despenalización es un elemento importante para alejar a las personas que consumen drogas de la esfera judicial y dirigirlas a los servicios de atención. También se ha contratado a personal que fungirá como enlace entre las fuerzas de seguridad y el sistema sanitario, y ha aumentado el número de centros para prestar apoyo. En su más reciente presupuesto, Columbia Británica ha etiquetado 430 millones de dólares canadienses (unos 320 millones estadounidenses) para luchar contra la crisis de sobredosis durante los próximos tres años. Asimismo, habrá una campaña de información destinada a la población en general sobre la despenalización.
“A través de esta exención, podremos reducir el estigma, el miedo y la vergüenza que siente la gente que consume drogas y ayudar a más personas a acceder a apoyos y tratamientos que pueden salvar vidas”, declaró la ministra federal de Salud Mental y Dependencias, Carolyn Bennett. Sin embargo, Bennett recalcó que las actividades relacionadas con estas sustancias, incluidas la producción, el tráfico, la importación y la exportación, seguirán siendo ilegales.
El Gobierno de Justin Trudeau legalizó el cannabis recreativo en octubre de 2018 (el segundo país en efectuar un cambio regulatorio de dicho calibre tras Uruguay); el de uso medicinal está autorizado desde 2001. El primer ministro canadiense había señalado en distintos momentos que la despenalización de algunas drogas duras no estaba contemplada. No obstante, la cifra de decesos en aumento y los argumentos presentados por Columbia Británica hicieron que Ottawa cambiara de parecer, anunciando el pasado junio la exención que entró en vigor este martes. Una condición que impusieron las autoridades federales fue permitir la posesión de 2,5 gramos en vez de los 4,5 solicitados inicialmente. La ciudad de Toronto ha presentado una petición para obtener una autorización similar. Una encuesta efectuada en Canadá por la firma Research Co. el pasado octubre arrojó que el 40% de los consultados apoyaba la idea de despenalizar todas las drogas para uso personal. Un año antes, la opinión fue del 33%.
Fuente: El País, España.
