En la recta final de las sesiones ordinarias del Congreso, las tensiones entre el gobierno nacional y las provincias se han intensificado. La falta de acuerdos en torno al Presupuesto 2025 y a cuestiones clave como los fondos coparticipables, asignaciones específicas y el impuesto a los combustibles ha derivado en una suerte de bloqueo político. La Casa Rosada mantiene una postura implacable y descarta cualquier reunión en los próximos días, mientras los mandatarios provinciales buscan opciones para destrabar el diálogo.

Anoche, los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron durante 45 minutos y decidieron reactivar una maniobra política para rechazar el DNU de la deuda, con el objetivo de forzar al oficialismo a negociar el Presupuesto. La estrategia ya se intentó la semana pasada, pero fue frustrada por el oficialismo, que logró evitar el quórum en la sesión clave. Sin embargo, el freno impuesto por el Ejecutivo a las negociaciones ha reavivado las intenciones opositoras de utilizar esta carta.

El Gobierno marca el ritmo

Desde la Casa Rosada, no sólo han sido tajantes al rechazar nuevas reuniones, sino que además han dejado claro que las provincias deberán presentar propuestas concretas para recortar gastos si quieren avanzar en sus demandas. Incluso se les ha pedido que identifiquen áreas específicas donde estarían dispuestas a sacrificar fondos, incluyendo obras públicas en marcha.

Mientras tanto, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, no tanto para tratar el Presupuesto sino para avanzar con el proyecto de reforma electoral impulsado por Santiago Caputo. Según fuentes gubernamentales, esta reforma incluye la eliminación de las PASO y el fin de los aportes extraordinarios a los partidos políticos durante las campañas, lo que podría generar un ahorro de 3.700 millones de pesos. Aunque insuficiente, el recorte aliviaría parcialmente las tensiones con las provincias.

La presión provincial

Por su parte, los gobernadores buscan reuniones con figuras cercanas a Milei, como Caputo y Guillermo Francos, para encontrar una salida. En una videoconferencia reciente, mandatarios de distintos partidos políticos, incluidos PRO, UCR y Encuentro Federal, discutieron estrategias conjuntas para presionar al Gobierno. Uno de los principales puntos de conflicto son las cajas jubilatorias y los impuestos, especialmente el de los combustibles, que generan tensiones en varios distritos.

A pesar de estas gestiones, no se ha avanzado en temas como el proyecto de Democracia Sindical, promovido por la UCR, ni en la iniciativa de Ficha Limpia del PRO. Ambos proyectos quedaron estancados tras la caída de la sesión especial convocada la semana pasada, lo que ha generado frustración en las filas opositoras.

Milei delega y se enfoca en lo internacional

El presidente Javier Milei, que acaba de regresar de una cumbre internacional en Río de Janeiro, se ha mantenido al margen de las negociaciones domésticas. Sus últimos encuentros con gobernadores tuvieron lugar semanas atrás, pero no dejaron avances significativos. En esas reuniones, el mandatario delineó su plan económico sin responder a demandas específicas de los gobernadores.

Actualmente, Milei ha delegado las negociaciones en Santiago Caputo, quien ha ordenado mantener una postura dura frente a las demandas provinciales. “Que digan ellos de dónde quieren sacar la plata”, afirman en su entorno. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Luis Caputo, continúa gestionando temas como el préstamo de 100 millones de dólares del Fondo Saudí para obras en Santa Fe y Córdoba, en un intento por mantener en pie ciertos proyectos estratégicos.

Un horizonte incierto

Con el Presupuesto 2025 paralizado, el Gobierno enfrenta el riesgo de tener que prorrogar por segundo año consecutivo el Presupuesto 2022. Este escenario, además de proyectar una imagen de inestabilidad institucional hacia los mercados, podría generar complicaciones operativas el próximo año electoral, cuando el oficialismo necesitará mostrar resultados para reforzar su presencia en el Congreso.

A pesar de los bloqueos, algunos funcionarios aún no descartan una posible negociación de último momento. “No hay nada previsto, pero todo puede cambiar”, comentó un alto funcionario. Sin embargo, la falta de consensos y la creciente presión política auguran un cierre de año marcado por la incertidumbre y el conflicto entre los distintos niveles de gobierno.