El Gobierno nacional está preparado para incrementar las jubilaciones en abril mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en respuesta a la parálisis legislativa y las negociaciones estancadas en el Congreso. Aunque se esperaba que esta medida se llevara a cabo a través de una nueva ley ómnibus, las dificultades para llegar a un consenso han llevado al Ejecutivo a tomar esta acción por vía ejecutiva.

La propuesta de aumento contempla ajustar los haberes de acuerdo con la inflación mensual, además de una compensación adicional que podría alcanzar entre el 10% y el 14%. Esta decisión marca un cambio significativo en el enfoque, ya que inicialmente se había considerado una fórmula de movilidad diferente, según revelaron borradores previos de la legislación.

Las tensiones en el Congreso, donde múltiples proyectos de reforma previsional han generado debate, han llevado al bloqueo de las discusiones y al fracaso de intentos anteriores de sesión. Las discrepancias entre el oficialismo y los bloques opositores han complicado aún más el proceso, evidenciando la necesidad de encontrar un consenso para abordar adecuadamente la situación de los jubilados.

Además de los desafíos internos, las presiones externas, incluida la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la insuficiencia de los haberes jubilatorios, han influido en la decisión del Gobierno de tomar medidas inmediatas para mejorar la situación.

Aunque el camino legislativo parece bloqueado por el momento, con disputas entre los distintos sectores políticos, el Ejecutivo está decidido a actuar para garantizar un aumento sustancial en las jubilaciones, reconociendo así las limitaciones y el estancamiento en el proceso parlamentario.