l constitucionalista defendió su designación por DNU, acusó a la Cámara alta de tergiversar sus dichos y denunció fallas reglamentarias en el procedimiento.

Luego de que el Senado rechazara su designación como miembro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel García Mansilla presentó su renuncia y difundió una extensa carta en la que arremetió contra la Cámara alta por presuntas “falsedades e irregularidades reglamentarias” durante el proceso.

El jurista defendió la legalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 137, firmado por el presidente Javier Milei, que lo nombraba en comisión junto a Ariel Lijo como nuevos jueces del máximo tribunal. Aseguró que se trató de un proceso “público, transparente y ajustado a todos los pasos legales exigidos por la normativa vigente, incluida la participación ciudadana, cosa que —recordó— no ocurrió en 2015”.

En un documento de 35 páginas que envió a las autoridades del Congreso, García Mansilla sostuvo que el nombramiento en comisión es una herramienta constitucional válida, pensada para evitar “el funcionamiento incompleto de la Corte Suprema”, que mantiene una vacante desde hace más de tres años.

También criticó la falta de tratamiento del pliego en el Senado, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias, mientras la Corte continuaba con su integración reducida.

En su descargo, apuntó especialmente contra quienes cuestionaron su supuesta contradicción con declaraciones pasadas, en las que habría dicho que no aceptaría un nombramiento por decreto. “Se presenta una versión parcial de lo que expresé en la audiencia. Esta ambigüedad vulnera el artículo 123 del Reglamento del Senado, que exige dictámenes fundados”, expresó.

García Mansilla advirtió que el rechazo de su pliego se apoyó en una “tergiversación” de sus dichos y que eso no solo afecta la seriedad institucional, sino que “podría sentar un precedente negativo para futuras audiencias públicas”.

“Estas contradicciones no son un mero tecnicismo: erosionan la institucionalidad”, concluyó.