El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha sido este jueves el primer presidente en reaccionar al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que dio por válido el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. “El TSJ termina de consolidar el fraude”, dijo Boric. Acusó además al chavismo de liderar “una dictadura que no es de izquierda”. Boric lleva semanas con críticas a Maduro y defendiendo las denuncias de fraude electoral lanzadas por la oposición venezolana. Su voz es especialmente escuchada por tratarse de un presidente que llegó al poder bajo el ala de una nueva izquierda latinoamericana, con dirigentes menores de 40 años. Mientras, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, mantienen consultas para coordinarse antes de manifestarse públicamente, según fuentes diplomáticas brasileñas.
Boric publicó un largo texto en sus redes sociales donde carga contra una sentencia judicial que considera “cargada de infamia”. “No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria producto de una guerra (…) Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”, escribió Boric. Y llamó a conformar una “izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere”.
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La crítica del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también ha sido contundente y, como Boric, ha usado los términos fraude y dictadura. El mandatario uruguayo ha acusado al Supremo de “confirmar el fraude” y ha añadido que “el régimen de Maduro es una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo”. Su mensaje termina con un llamamiento a mantener la presión “en defensa de la causa venezolana”.
El triunfo electoral de Maduro ha sido reconocido hasta ahora solo por países aliados incondicionales de Maduro, como Rusia, Cuba o Nicaragua. El Supremo ha validado los resultados sin que el Consejo Nacimiento Electoral (CNE), también controlado por el Gobierno, haya divulgado en todo este tiempo la documentación que lo avala. El chavismo ha hecho oídos sordos al clamor internacional para que presente la documentación oficial que probaría su triunfo en las urnas. La decisión del Supremo supone un bofetón a las exigencias de transparencia de Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Colombia o la ONU, entre otros, además de la oposición.
Las diplomacias de Brasil y Colombia seguían en los últimos días con sus esfuerzos conjuntos de persuadir a Maduro para que aceptara negociar una salida pacífica a una crisis que ya ha causado 27 muertos y ha implicado la detención de 2.400 personas. Que el Supremo avale un resultado basado en unas actas que solo el chavismo ha visto supone que Maduro dobla la apuesta. Es un sonoro sopapo a las gestiones lideradas por los presidentes Lula y Petro. Ni Brasil ni Colombia han reaccionado aún al fallo del Tribunal Supremo. Sí lo hicieron dos expresidentes colombianos, Iván Duque (2018-2022) y Juan Manuel Santos (2010-2018), quienes coincidieron en sus críticas. “Es un golpe al pueblo venezolano”, ha dicho Duque. “El fallo es una patraña. Colombia no puede ni debe avalarlo”, ha advertido Santos.
También ha hablado el asesor de Lula para asuntos internacionales, el diplomático retirado Celso Amorim, aunque brevemente y sin entrar en valoraciones ni detalles: “Veo las cosas realmente muy difíciles, pero vamos a seguir intentándolo con ayuda de otros y en colaboración con otros países que tienen una visión similar a la nuestra, haremos todo lo posible para evitar una situación internamente muy conflictiva”, ha declarado al medio brasileño Carta Capital.
La misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Venezuela ha alertado, antes del fallo que avala una victoria de Maduro, de la complicidad con el chavismo tanto del Supremo como de las autoridades electorales. Ha acusado al TSJ y al CNE de falta de imparcialidad e independencia, además de “haber desempeñado un papel dentro de la máquina represora del Estado”. Ese organismo de la ONU ha recordado que la presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez, es militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ejerció cargos de elección popular; mientras que el jefe del CNE, Elvis Amoroso, también fue diputado oficialista y responsable en enero pasado de la inhabilitación de la líder de la oposición, María Corina Machado.
Fuente: El Pais
