El Parlamento de la dictadura cubana tiene previsto aprobar en unos días la ley de Comunicación Social, una norma que regulará a los medios en la isla y que periodistas independientes y ONG temen que suponga una persecución extra a los medios digitales no oficialistas que quedan dentro del país.

Las objeciones al proyecto parten de una premisa compartida: el proyecto de ley solo reconoce la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están vinculados al régimen o al Partido Comunista (PCC, único legal). Esto ya estaba establecido en la Constitución aprobada en 2019, que asegura que los medios nacionales “son de propiedad socialista” y “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.

Sin embargo, este texto va más allá al establecer cuestiones de contenido, como que los medios no pueden “desestabilizar el Estado socialista”. Además, se establece que el sistema de comunicación “actúa conforme al Estado socialista” siguiendo el “ejemplo de (José) Martí y Fidel (Castro) y las ideas de (…) Marx, Engels y Lenin”.

El periódico Juventud Rebelde, que pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas, afirmó esta semana que el proyecto “se inspira en el legado” de “Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución”.

Estas cuestiones han encendido las alarmas en distintas organizaciones internacionales, que afirman que elevará la presión sobre redactores y medios no oficialistas.

Desde el régimen se defiende la importancia de la ley, la primera en su tipo, y se destaca que esta versión, que será votada el próximo jueves, es la número 34, lo cual indica, según ellos, un intenso debate interno.

Se mencionan también novedades con respecto a versiones previas, como la permitida financiación por publicidad, algo que no estaba permitido anteriormente.

Sin embargo, en ninguna de las 55 páginas del proyecto de ley se menciona a los medios independientes digitales, muchos de los cuales surgieron durante el llamado “deshielo” entre Estados Unidos y Cuba de 2014 a 2017, y la mayoría de ellos han abandonado el país en los últimos años debido a presiones de la Seguridad del Estado.

“Esta ley no garantiza la libertad de prensa ni permite difundir contenidos independientes de los que genera el Estado”, dijo Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, una organización internacional con sede en Londres que defiende el derecho a la información.

Esta crítica también es compartida por Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, quien destaca que la ley no reconoce la personalidad jurídica de los medios independientes ni del periodismo ciudadano, solo reconoce a los que tienen vínculo con el Estado.

Tanto Peña como Ordóñez mencionan la entrada en vigor a finales de 2022 del nuevo Código Penal, que castiga con cárcel la financiación externa a los medios independientes bajo el pretexto de desestabilizar al Estado desde el extranjero.

De acuerdo con el proyecto, además de los medios estatales, se permite la constitución de medios pertenecientes a “organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros actores económicos y sociales”. Sin embargo, expertos independientes señalan que esto no garantiza la diversidad de voces, ya que la gran mayoría de estos medios están controlados o en la órbita del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Sin embargo, la ley impide a estas entidades establecer medios de carácter general y limita su contenido a la “actividad económica o social de su titular”.

Rafael Hernández matiza este punto, afirmando que “todo es política”. Por ejemplo, las publicaciones de la Iglesia católica en Cuba no se limitan solo a cuestiones religiosas. Según este intelectual, queda por verse hasta qué punto la nueva ley permitirá la “nueva cultura política” que se está viviendo en las calles.

Para Raudiel Peña, la ley de Comunicación Social “cierra el círculo” que comenzó con la “tolerancia a regañadientes” del régimen cubano durante el período de “deshielo”, cuando surgieron medios digitales críticos.

Más de cinco años después, muchos de estos periodistas y redacciones se han visto obligados a continuar su trabajo desde fuera de Cuba, principalmente desde Miami, Madrid y México, después de denunciar presiones por parte de la Seguridad del Estado.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el año pasado con el medio independiente El Toque. Nueve de sus colaboradores, muchos de ellos recién graduados, renunciaron públicamente después de ser interrogados por agentes de la Seguridad del Estado.

“Es difícil hacer periodismo de calidad de manera independiente porque Cuba es un régimen autoritario (…), pero la prensa independiente ya no depende de si es legal o no, seguirá existiendo a pesar de los intentos de silenciar y reprimir a los periodistas”, afirma una de las reporteras que renunció tras aquellos hechos en una entrevista con EFE.

En ese sentido, José Jasán Nieves, editor jefe de El Toque, aseguró a EFE que “seguirán haciendo periodismo”, ya que la nación cubana ha trascendido las fronteras territoriales del país y se puede realizar periodismo cubano y para Cuba sin estar sujeto a una normativa de este tipo.

También afirmó que el medio, con sede en Miami, continuará trabajando con colaboradores dentro de la isla a pesar de las dificultades.

Fuente: EFE