El Frente de Todos, en Argentina, ha logrado consolidar sus fracciones detrás de una medida controvertida después de cuatro años de conflictos internos. La medida en cuestión es la eliminación del impuesto a la renta (conocido como ganancias en Argentina) para aproximadamente 800,000 trabajadores con sueldos medios-altos y altos, que ganan más de $700,872. Esto representa alrededor del 6% de los 13.2 millones de trabajadores registrados en el país o cerca del 4% de la fuerza laboral total, incluyendo a empleados no registrados y trabajadores autónomos. Sin embargo, el costo fiscal de este beneficio recae en toda la población argentina.

Esta maniobra ha sido interpretada como una jugada política de Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (anteriormente Frente de Todos), para distraer la atención de los altos niveles de inflación mensual, que alcanzaron el 12.4%.

El ministro de Economía y candidato del frente peronista sugirió inicialmente eliminar el impuesto a las ganancias (renta o ingresos) para los salarios altos, lo que llevó a la oposición liderada por Patricia Bullrich a presionarlo para que presentara el proyecto de inmediato, sin esperar al próximo gobierno. Massa, viendo la oportunidad política, aceptó el desafío.

Esta medida marca un regreso a la retórica antikirchnerista de Massa en 2015, cuando convirtió la eliminación del impuesto a las ganancias en un tema central de su campaña. Sin embargo, también ha generado críticas de la oposición y cierta confusión en el electorado debido a la aparente falta de coherencia en la política tributaria.

La eliminación selectiva de impuestos en Argentina se produce en un momento en que el país enfrenta una serie de desafíos económicos y sociales, incluyendo altos niveles de pobreza, deuda, inflación y una economía debilitada. La medida también ha generado debate sobre la necesidad de una reforma fiscal que promueva la igualdad, como la imposición de cargas más altas a los ingresos y fortunas más altos, así como la eliminación de exenciones fiscales injustificadas.

La controversia en torno a esta medida refleja las tensiones políticas y económicas en Argentina, y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal y la distribución de la riqueza en el país.