El fiscal federal Franco Picardi solicitó al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, que entregue registros y documentación que respalden la denuncia sobre la participación de barrabravas en los incidentes ocurridos el miércoles pasado en el Congreso, con el presunto apoyo de los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente.
La denuncia del Ministerio de Seguridad
El viernes, la cartera de Seguridad presentó una denuncia contra “grupos organizados de barras bravas” de más de veinte clubes de fútbol, acusándolos de los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada. También apuntó contra los intendentes Espinoza y Otermín, y contra Leandro Capriotti, dirigente del gremio de los gastronómicos e hijo del exdirigente de Chacarita Juniors, Armando Capriotti.
Sin embargo, según la Policía de la Ciudad, de los 114 detenidos en la protesta en apoyo a los jubilados, solo cinco serían barrabravas:
- Claudio Alejandro Curci (Deportivo Español)
- Roberto Martín Cajal (Deportivo Español)
- Víctor Hugo Bellón (ex presidente de Nueva Chicago y dirigente gremial de ATE)
- Carlos Julián Román (Nueva Chicago)
- Gastón Eduardo Ruiz (Nueva Chicago)
La solicitud del fiscal Picardi
Picardi pidió al Ministerio de Seguridad los registros completos de las llamadas recibidas en la Línea 134, donde se habrían denunciado la presencia de barrabravas en la movilización. También solicitó documentación que respalde la afirmación de que “grupos movilizados” ajenos a la protesta de jubilados participaron en los disturbios.
El fiscal requirió además pruebas que sustenten la acusación contra los intendentes Espinoza y Otermín y el gremialista Capriotti. “Me refiero, en concreto, a que se aporten los diversos materiales que se afirman como disponibles en la denuncia presentada, que darían cuenta de tales hechos, a los fines de evaluar la plataforma fáctica denunciada conforme las cualidades del caso”, detalló en su requerimiento.
La defensa de los acusados y la polémica por el operativo
Espinoza y Otermín rechazaron la denuncia y la calificaron como “falsa”, exigiendo que Bullrich presente pruebas. Capriotti también negó haber estado en la marcha y se presentó en la Justicia para desmentir las acusaciones.
Por otro lado, Bullrich quedó en la mira por el accionar policial, especialmente tras la difusión de imágenes del fotoperiodista Pablo Grillo, herido en la cabeza durante la represión y actualmente internado en estado reservado en el Hospital Ramos Mejía. Pese a las críticas, la ministra defendió el operativo y aseguró que “no hubo excesos” en la intervención de las fuerzas de seguridad.
El presidente Javier Milei respaldó a Bullrich y a los efectivos que participaron en el operativo, reafirmando la postura del Gobierno de actuar con firmeza contra los disturbios. Mientras tanto, la causa avanza con la solicitud de pruebas del fiscal Picardi, que será clave para determinar el sustento de las acusaciones y el curso de la investigación.
