En las últimas horas, el periodista Eduardo Feinmann generó preocupación al revelar en sus redes sociales la existencia de presuntas “presiones, amenazas y extorsiones” dirigidas hacia miembros de la Cámara Federal de Casación Penal. Según Feinmann, una alta fuente del Tribunal le confirmó que estos intentos de presión buscan influir en el fallo sobre la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos podría ser modificada el próximo 13 de noviembre.

Los jueces a cargo —Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— deberán decidir si mantienen la sentencia inicial dictada en diciembre de 2022 o si aceptan el pedido de la fiscalía de incluir el cargo de asociación ilícita, lo cual podría elevar la pena a 12 años de prisión. La gravedad de estas denuncias destaca el clima de tensión en torno a la causa Vialidad, un caso emblemático de presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La investigación del caso, a cargo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, sostiene que hubo favoritismo en licitaciones otorgadas a Lázaro Báez, empresario cercano a la familia Kirchner, y apunta a desvíos millonarios de fondos públicos.

El impacto de las declaraciones de Feinmann ha resonado con fuerza en los círculos políticos y judiciales, ya que cuestiona la independencia judicial en un caso de altísimo perfil. En su mensaje, Feinmann subrayó que la presión sobre los jueces es “de una gravedad inusitada”, y dejó entrever que estos intentos de influencia podrían cambiar no solo el curso de la causa Vialidad, sino también el futuro político de la exmandataria. Hasta el momento, tanto el equipo de abogados de Fernández de Kirchner como la Casa Rosada han guardado silencio.

Expectativa y tensión en torno a la decisión de Casación

El fallo de la Cámara de Casación se espera con alta expectativa, ya que una sentencia ampliada podría complicar seriamente el futuro político de Cristina Kirchner, quien aún ejerce una fuerte influencia en la política argentina. Por otro lado, de mantenerse la condena actual de seis años, el equipo legal de la exvicepresidenta podría apelar ante el Tribunal Superior, prolongando el proceso judicial.

Este contexto, marcado por las denuncias de presiones y posibles maniobras para alterar el curso de la sentencia, no hace sino intensificar las especulaciones sobre las implicancias políticas de la resolución del 13 de noviembre. La incorporación del cargo de asociación ilícita, solicitado por los fiscales, representaría un golpe significativo al kirchnerismo y una redefinición de la situación legal de la exmandataria en el actual panorama político argentino.