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La presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano dio este jueves un nuevo salto. El Departamento del Tesoro amplió su esquema de sanciones contra La Habana e incorporó al presidente Miguel Díaz-Canel y a varios integrantes de su entorno familiar más cercano a la lista de personas alcanzadas por restricciones financieras y patrimoniales.
La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), afecta a cinco individuos y cinco entidades vinculadas al aparato político y económico de la isla. Como consecuencia, todos los bienes y activos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y se restringe cualquier tipo de transacción financiera con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Junto a Díaz-Canel fueron sancionados su esposa, Lis Cuesta Peraza; su hijastro, Manuel Anido Cuesta; y Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del expresidente Raúl Castro. La decisión es interpretada como una de las acciones más directas adoptadas por Washington contra la estructura familiar y política que sostiene al régimen cubano desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Pero las sanciones no se limitaron a personas físicas. El gobierno estadounidense también apuntó contra instituciones consideradas pilares del sistema de control político de la isla. Entre ellas figuran los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una de las organizaciones de vigilancia social más emblemáticas del castrismo, y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), encargado históricamente de la proyección internacional del régimen.
La ofensiva alcanza además al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), a la empresa Minera La Victoria S.A. y a la agencia de turismo Amistur Cuba S.A., entidades que Washington considera vinculadas al sostenimiento económico y político del gobierno cubano.
Las nuevas medidas se suman al embargo económico impuesto por Estados Unidos desde 1962 y forman parte de una estrategia más amplia de presión sobre La Habana. En los últimos meses, Washington ha combinado sanciones financieras, acciones judiciales y restricciones comerciales orientadas a debilitar las fuentes de financiamiento del régimen.
La administración estadounidense sostiene que Cuba continúa representando una amenaza para sus intereses de seguridad y acusa al gobierno de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, represión política y falta de apertura democrática.
La decisión llega en un momento particularmente delicado para la isla. Cuba atraviesa una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, prolongados cortes de energía y una acelerada emigración de ciudadanos hacia distintos países de la región y Estados Unidos. Diversos analistas la consideran la situación más grave desde el triunfo de la Revolución de 1959.
A pesar del endurecimiento de las sanciones, Washington y La Habana mantienen abiertos canales de diálogo en busca de mecanismos que permitan aliviar algunas tensiones. Sin embargo, los avances han sido limitados.
Mientras Estados Unidos insiste en que el régimen debe avanzar hacia mayores niveles de apertura política y económica, las autoridades cubanas sostienen que cualquier negociación debe respetar plenamente la soberanía nacional y rechazan lo que consideran una política de injerencia externa.
Con esta nueva ronda de sanciones, la confrontación entre ambos gobiernos vuelve a intensificarse y confirma que la relación bilateral continúa atravesada por una desconfianza mutua que persiste más de seis décadas después del inicio del embargo.
