La última vez que la sociedad española se echó a la calle para protestar por los problemas para acceder a una vivienda en España se celebró hace justo 17 años. Fue el 6 de octubre de 2007 cuando miles de personas se manifestaron bajo el lema “No vas a tener casa en la puta vida”. Ese eslogan bien podría resumir también el sentir de muchas de las personas que han acudido este domingo a la convocatoria en las calles de Madrid para denunciar las dificultades que actualmente atraviesan jóvenes y no tan jóvenes para acceder a un alquiler o una casa en propiedad.

“No vemos un proyecto de futuro en el que podamos tener una casa y una vida. Nuestros padres ahorraban viviendo de alquiler y conseguían el dinero para después comprar una casa, pero para nosotros es imposible. Nos obligan a vivir con una pareja y, si no la tienes, compartir piso pero ¿hasta cuándo?“, se quejaban Circe y Marta, dos amigas que han acudido juntas a la protesta. “La situación de la vivienda en Madrid es insostenible”, asegura otro joven que prefiere que su nombre no quede reflejado en el artículo. “El problema de fondo es estructural y radica en la falta de vivienda pública, lo que dificulta a las administraciones el poder influir en el mercado inmobiliario”, añade.

Sus palabras reflejan que la crisis de la vivienda ha escalado hasta convertirse en una emergencia habitacional en el país y miles de personas han protestado señalando a la clase política como principal responsable. “No queremos más promesas, queremos que bajen los alquileres y queremos que bajen ya. Lo único que os pedimos es que asumáis responsabilidades”, ha reclamado el Sindicato de Inquilinas, uno de los convocantes de la marcha, antes de pedir la dimisión de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

La protesta, a la que según la Delegación del Gobierno en Madrid han acudido unas 12.000 personas, ha transcurrido desde las 12 horas de la mañana entre la estación de Atocha y el inicio de Gran Vía en un ambiente festivo y reivindicativo a partes iguales. Entre los asistentes, muchos jóvenes, muestra de que son uno de los grupos más afectados por la crisis residencial actual, pero también muchos otros perfiles que se sienten interpelados por las dificultades para acceder a una casa. Mayores y parejas con sus hijos pequeños se mezclaban en el discurrir de la manifestación, entre cánticos de todo tipo: “Fuera rentistas de nuestros barrios”, “Una habitación no es la solución” o “La Ley de Vivienda es una basura” han sido sólo algunas de las muchas exigencias que se han gritado a viva voz.

Los ciudadanos demandan medidas concretas y las quieren ya, de lo contrario, los convocantes de las manifestaciones amenazan con impulsar una huelga de alquileres en todo el país. Es decir, amenazan con alentar a los inquilinos para dejar de pagar toda o parte de sus rentas. La amenaza va en serio, a tenor de los mensajes lanzados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, promotor de las manifestaciones. Su portavoz, Valeria Racu, ha señalado tanto a los caseros como a la patronal inmobiliaria con dejar de pagar los alquileres si los precios siguen subiendo y ha advertido de que “no va a haber policía ni matones suficientes” para frenar a todas las personas que hoy han acudido a la movilización en este propósito.

El actor Juan Diego Botto ha sido uno de los encargados de leer el manifiesto de la protesta y desde su altavoz ha conminado a la sociedad a “organizarse” para defender que “la vivienda es un derecho social, no un privilegio ni un negocio”. También ha exigido la “ampliación y aplicación de ley de vivienda”, con especial urgencia en los puntos de precios máximos de alquiler. Ha pedido al Gobierno “medidas para que la Comunidad de Madrid” aplique la norma y un “compromiso firme” para incrementar el parque de vivienda en alquiler social y asequible 100% público. “Recuperar viviendas vacías y públicas, incluso expropiando las mismas para alquiler social”, ha enumerado al término de la protesta, a los pies del edificio Metrópoli que inaugura la Gran Vía de Madrid. La cola de la manifestación en ese momento estaba a la altura del Jardín Botánico.

Malestar en aumento

El malestar por la situación de la vivienda ha crecido de manera exponencial en los últimos años, especialmente a raíz del último boom inmobiliario desatado por la pandemia de coronavirus y la explosión de los precios de los alquileres. Actualmente, las rentas de arrendamiento se encuentran en niveles históricos, con precios que superan los 20 euros por metro cuadrado en Madrid o los 1.000 euros de renta media para un piso en el país. El stock de alquiler permanente se ha contraído un 33% en los últimos cinco años y el de temporada más que se triplica, restando disponibilidad para los demandantes de larga estancia. En el caso del mercado de compraventa, los precios tampoco encuentran techo, con aumentos en el último año que alcanzan el 7% de media y que han situado el precio medio del metro cuadrado en barreras nunca antes vistas, como los 3.000 euros que se pagan en Baleares

Ante esta situación, muchos jóvenes y familias de rentas medias y bajas afrontan serias de dificultades para asumir el pago de una cuota de alquiler o de una cuota hipotecaria mensual. Los umbrales de esfuerzo en ciudades como Madrid, Málaga o Barcelona superan ampliamente el 35% de los ingresos por hogar recomendados.

La falta de oferta ante la creciente demanda es la causa principal del estrangulamiento que ejerce presión sobre los precios, sin embargo, las soluciones no parecen cercanas en el horizonte. El parque de vivienda público en España apenas alcanza el 2,5% del parque total. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a elevarlo y acercarlo a la media europea que se sitúa en el entorno del 9% y, entre otras medidas, ha prometido la construcción de 184.000 viviendas para alquiler asequible durante la legislatura. Sin embargo, el tiempo apremia y las viviendas no acaban de llegar.

El Banco de España calcula que el país tiene un déficit de 600.000 viviendas para 2025, mientras que Funcas estima un déficit de 200.000 al año. En el sector residencial advierten de que no será fácil producirlas porque no hay suelo disponible para edificación de vivienda, porque la burocracia para obtener las licencias retrasa y encarece los procesos, porque la mano de obra cualificada es escasa y menguante, y porque las administraciones públicas de todo signo no terminan de ponerse de acuerdo para sacar adelante una política de vivienda común y medidas concretas y efectivas. El ejemplo más cercano es la Ley del Suelo, que sigue varada en el trámite parlamentario ante el choque entre PSOE y PP por la norma.

El Ejecutivo puso en marcha la Ley de Vivienda hace un año y medio, en mayo de 2023, que entre otras cosas contemplaba la limitación de los alquileres en zonas tensionadas. Hasta ahora, sólo Cataluña la ha puesto en vigor con un resultado incierto; según la Generalitat catalana, los precios bajaron un 5% en el segundo trimestre de 2024 (el primero completo en aplicación), pero el número de contratos se redujo un 17%.