La reciente detención del senador entrerriano Edgardo Kueider en Paraguay por la tenencia de más de 200 mil dólares sin declarar desató una crisis en el interbloque Las Provincias Unidas (LPU), una alianza estratégica de senadores aliados al oficialismo libertario de Javier Milei. La iniciativa, impulsada por Santiago Caputo para fortalecer la influencia del espacio en la Cámara Alta y contrarrestar el poder de Victoria Villarruel, ahora enfrenta su mayor desafío político.

La reacción del bloque y el intento de control de daños

Tras conocerse el escándalo, los miembros del interbloque se reunieron en el despacho de la cordobesa Alejandra Vigo para elaborar un comunicado oficial que llamaba a una investigación judicial exhaustiva. Sin embargo, el texto resultó insuficiente para contener las repercusiones. Incluso Vigo fue víctima de una fake news que la vinculaba con Kueider en Paraguay, lo que la obligó a desmentir la información públicamente a través de redes sociales.

El manejo de la crisis mostró fisuras en la coordinación del interbloque. Fuentes parlamentarias indicaron que senadores como Carlos “Camau” Espínola y Juan Carlos Romero sugirieron que Kueider pidiera licencia antes de que estallara el caso, pero esta opción se descartó al estar el legislador fuera del país. Rumores sobre un intento de fraguar un pedido de licencia retroactivo surgieron en los pasillos del Senado, aunque la idea fue rápidamente desechada.

¿El final del interbloque LPU?

La crisis no solo afecta a Kueider, sino que también golpea la construcción parlamentaria liderada por Caputo. La falta de apoyo visible del asesor y su entorno generó malestar entre los aliados, quienes, según se informó, celebraron con alivio el tuit de la vicepresidenta atribuyendo a Kueider vínculos con el kirchnerismo, lo que les permitió desmarcarse del escándalo.

¿Habrá desafuero?

Mientras se intensifica el debate en el Senado, los legisladores más experimentados ya consideran inevitable convocar a una sesión para discutir el desafuero de Kueider, acusado de contrabando y lavado de dinero. Fuentes cercanas a Victoria Villarruel señalaron que sería políticamente inviable no abordar el caso, dado el impacto mediático y el riesgo de desgaste en la opinión pública.

Con el futuro de Kueider comprometido y tensiones al interior del interbloque, el episodio evidencia las vulnerabilidades de la estrategia libertaria en la Cámara Alta y plantea interrogantes sobre la cohesión y viabilidad del espacio político.