¿Qué día es hoy? “Pierdo la noción del tiempo”, dice Daniel, un migrante venezolano de 30 años sentado en un muro en una plaza de Iquique, una ciudad chilena en la región de Tarapacá, ubicada a 1.700 kilómetros al norte de Santiago, a mediados de abril. “Anoche dormimos afuera. Solo dormí unos minutos. Tenía miedo de que nos robaran”, informa, señalando a su pareja Joselin, de 26 años, y a su hija Alanna, que pronto cumplirá tres años.
Después de hacer auto-stop y tomar autobuses durante dos meses desde Venezuela, de donde salieron porque “no comían todos los días”, llegaron a su destino, Chile, hace una semana, cruzando la frontera con Perú. Como miles de otros migrantes, en su mayoría venezolanos empobrecidos, cruzaron clandestinamente, sin poder permitirse un pasaporte y visa en su país de origen. Habían esperado encontrar trabajo de inmediato. “Hemos preguntado en todas partes, pero no podemos encontrar nada. Ser sin techo nos avergüenza”, se lamenta Daniel. Un transeúnte les ofreció dos contenedores de pollo y arroz. Pero los chilenos que conocieron les advirtieron: los migrantes no son bienvenidos aquí.
Para frenar el flujo desde Bolivia y Perú, el presidente chileno Gabriel Boric (izquierda) desplegó personal militar para controlar la frontera con los dos países el 27 de febrero por un período de noventa días. Tienen derecho a realizar controles de identidad y detener a quienes crucen la frontera. “El Estado no estaba suficientemente preparado para recibir la llegada masiva e irregular de migrantes”, argumentó Gabriel Boric el 15 de marzo. “Desafortunadamente, algunos de ellos vienen con la intención de cometer delitos (…) Los buscaremos y les haremos la vida imposible, dentro del marco del estado de derecho”, agregó.
Ambiente de sospecha Esta medida representa un cambio. Antes de asumir el cargo en marzo de 2022, el programa de Gabriel Boric prometía una política migratoria basada en los derechos humanos y un registro de extranjeros sin permiso de residencia, muy diferente del escenario militar. El 18 de abril, por el contrario, el Parlamento aprobó dos proyectos de ley que endurecen los controles migratorios y las condiciones de expulsión.
Según el Ministerio del Interior, la presencia militar, una medida popular, redujo el número de migrantes clandestinos que cruzan la frontera chilena en un 55% en comparación con el mismo período del año pasado, con un promedio de 440 llegadas por semana. Pero la militarización destaca la dificulta
