El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) ordenó la ejecución patrimonial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad, avanzando de manera directa sobre sus bienes para cubrir el monto actualizado del decomiso. La resolución profundiza los efectos de la condena impuesta en 2022 —seis años de prisión por administración fraudulenta— y apunta a que los nueve condenados respondan con sus patrimonios hasta cubrir los $684.990.350.139,86 fijados como perjuicio económico al Estado.

La medida, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, proyecta un impacto patrimonial significativo sobre la familia Kirchner. El Tribunal dispuso el decomiso de 20 propiedades, entre ellas un inmueble a nombre de la expresidenta y otras 19 heredadas por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a título gratuito y en partes iguales. Para los magistrados, el alcance de la medida responde a un principio rector del derecho penal económico: impedir que los delitos de corrupción generen beneficios y neutralizar de manera efectiva sus efectos patrimoniales.

La ejecución patrimonial se activó luego de que el TOF 2 intimara a los condenados —Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros— a pagar voluntariamente el monto actualizado del decomiso en un plazo de diez días hábiles. Tras el incumplimiento del requerimiento, el Tribunal ordenó iniciar la ejecución forzosa de bienes para cubrir los casi 685 mil millones de pesos reclamados.

Con la firmeza de la condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de este año, la causa Vialidad ingresa en una etapa decisiva. El decomiso masivo no sólo constituye una consecuencia legal directa de la sentencia por corrupción, sino también uno de los mayores avances del Poder Judicial sobre bienes de un exmandatario en democracia. Se abre ahora un proceso de tasación, administración y eventual liquidación de los activos involucrados, que marcará el rumbo del resarcimiento económico al Estado en un caso que ha impactado de lleno en la discusión pública sobre transparencia y responsabilidad institucional.