La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha comunicado este lunes su rechazo a la aplicación de la amnistía a líderes independentistas inhabilitados por un delito de malversación, mientras que el juez instructor del ‘procés’ rechaza también amnistiar a Puigdemont y mantiene su orden de arresto.

El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes la aplicación de la amnistía sobre el delito de malversación por el que se condenó en la causa del ‘procés‘, entre otros, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y por el que está procesado el expresidente catalán Carles Puigdemont, cuya orden de detención nacional queda en pie.

Según la decisión comunicada este lunes por la Sala Segunda del alto tribunal, la Ley de Amnistíaque entró en vigor hace apenas unas semanas no serviría para perdonar el delito de malversación de caudales públicos por el que fueron condenados a penas de inhabilitación, en el marco del ‘procés’, Junqueras y otros líderes independentistas como Raül Romeva y Jordi Turull. 

Tampoco se vería amparado por la norma Puigdemont ni los también investigados en la causa Comín y Puig, sobre los que el magistrado instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, mantiene las órdenes nacionales de arresto por su presunta responsabilidad en un delito de malversación, conforme a otro auto dictado también este lunes.

En un comunicado, el Poder Judicial  ha resaltado las “dificultades interpretativas” con las que ha lidiado el Supremo dada la “alta velocidad” con la que se tramitó y aprobó la ley de amnistía.

A finales de mayo, el PSOE y sus socios de investidura dieron luz verde en el Congreso a la ley exigida por los independentistas para facilitar la formación del Ejecutivo encabezado por el socialista Pedro Sánchez.

La aritmética parlamentaria permitió que la norma prosperase pese al rechazo frontal de la oposición del conservador Partido Popular (PP) y la formación de extrema derecha Vox, que durante meses encontró el eco de un sector de la ciudadanía que se manifestó en las calles contra la medida.

Pero la pelota quedó en el tejado del poder judicial, ya que los jueces son los encargados de aplicar la ley a los implicados en el ‘procés’, que culminó con la declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña en octubre de 2017, tras la celebración de un referéndum que había sido prohibido por la Justicia.