Si un día descubriéramos que los competidores de Aerolíneas Argentinas habían contratado en secreto a los sindicalistas de la línea de bandera, nos escandalizaría la falta de ética y la traición a la lealtad comercial. Sin embargo, tendríamos que admitir que la estrategia, aunque perversa, sería sumamente efectiva: ningún otro factor ha contribuido tanto a debilitar la competitividad de Aerolíneas como la propia acción de los gremios que, en los últimos meses, han llevado adelante una campaña de reclamos salvajes con consecuencias devastadoras para los pasajeros, quienes a menudo quedan varados o incluso atrapados en los aviones y aeropuertos.

Una estrategia autodestructiva en nombre de la defensa laboral

El reconocido economista Juan Carlos de Pablo se preguntaba recientemente en una columna: “¿Quién compraría hoy un pasaje en Aerolíneas?”. Para algunos destinos no hay alternativa, pero en rutas donde existen competidores, los pasajeros, comprensiblemente, prefieren no correr el riesgo de cancelaciones y demoras. Como resultado, la facturación de una empresa ya deficitaria cae en picada, precisamente debido a las acciones de los sindicatos que, paradójicamente, están destruyendo la compañía que supuestamente buscan proteger.

De la huelga al chantaje: ¿Dónde está el límite?

La escena vivida la semana pasada en Aeroparque, donde cientos de pasajeros quedaron encerrados en los aviones y sus equipajes fueron retenidos por una “asamblea” de Intercargo, expone una cultura sindical violenta y extorsiva que ha ganado terreno en las últimas décadas. En nombre de la protesta, los gremios han normalizado bloqueos, tomas de fábricas y obstrucción de circuitos productivos, afectando tanto a la economía como a la vida cotidiana de millones de argentinos.

El reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, que procesó al sindicalista Carlos Acuña por liderar el bloqueo de una estación de servicio en 2021, marca un límite claro entre la protesta legítima y el delito. El derecho a huelga es una herramienta fundamental, pero no puede ser confundido con el chantaje y la extorsión, que vulneran la legalidad y los derechos de otros ciudadanos.

La doble vara y la instrumentalización política

El problema no se limita al ámbito aeronáutico. El sindicalismo docente, liderado en Buenos Aires por Roberto Baradel, ha debilitado las bases de la educación pública a través de paros prolongados que afectaron directamente a los estudiantes. Las huelgas salvajes, que en algunos casos respondieron a intereses políticos, han empujado a muchas familias de clase media y baja a buscar opciones en la educación privada.

Se observa también una clara doble vara en el accionar sindical: la misma CGT que no realizó paros durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, a pesar de una inflación galopante, convocó a una huelga general apenas 45 días después de que asumiera el nuevo gobierno. Esto evidencia una intencionalidad política que erosiona la credibilidad de las organizaciones gremiales.

El deterioro de la legitimidad social y la necesidad de un cambio

La metodología extorsiva y la cultura del “apriete” no solo dañan las fuentes de trabajo, sino que también devalúan la confianza social en profesiones que antes gozaban de un alto prestigio. El piloto de avión, que en otro tiempo era visto como un “comandante” con autoridad y respeto, hoy es percibido de manera diferente debido a figuras sindicales como Pablo Biró. Algo similar ha sucedido con los docentes, cuyo rol de guías en la sociedad ha sido erosionado por la politización de sus gremios.

Los recientes fallos judiciales que buscan poner límites a los métodos coercitivos utilizados por ciertos sindicatos deberían leerse como una oportunidad para replantear el camino a seguir. La Argentina necesita recuperar una cultura de diálogo y negociación, donde el respeto a la ley sea un pilar fundamental. Las soluciones duraderas no se lograrán mediante la fuerza, sino a través de un compromiso genuino con el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible.

Este es el desafío que enfrenta el país: restaurar el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el respeto a la legalidad, para que los conflictos sectoriales no se conviertan en una carga que termine perjudicando a todos los argentinos.