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El Senado volverá a reunirse este jueves desde las 14 para reanudar el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego del cuarto intermedio dispuesto en julio y tras un duro revés para el Gobierno, que debió retirar el controvertido capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros por falta de apoyo político.
Con ese apartado eliminado, el oficialismo intentará rescatar el resto de la iniciativa, aunque la sesión se anticipa compleja tanto por el contenido de la ley como por una fuerte discusión reglamentaria vinculada con la participación virtual de dos senadores.
El Gobierno busca salvar el resto del proyecto
La eliminación del capítulo referido a la extranjerización de tierras representó una importante derrota política para La Libertad Avanza.
La iniciativa había encontrado una fuerte resistencia entre gobernadores, bloques dialoguistas y parte de la oposición, obligando al oficialismo a modificar su estrategia para evitar una derrota en el recinto.
Ahora el objetivo es avanzar con los restantes capítulos de la reforma, considerados prioritarios por el Ministerio de Desregulación.
La polémica por las sesiones virtuales
Antes de ingresar al debate de fondo, el Senado deberá resolver si autoriza la participación remota de dos legisladores.
La vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó esa posibilidad, aunque la decisión deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara.
El tema generó fuertes cuestionamientos dentro del oficialismo, encabezado en el Senado por Patricia Bullrich, y también despertó reparos entre varios bloques dialoguistas, que consideran que la medida podría sentar un precedente institucional.
Mientras tanto, debido al viaje del presidente Javier Milei al exterior, Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo, por lo que la sesión será presidida por el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
Expropiaciones: criterios más restrictivos
Uno de los capítulos centrales introduce modificaciones al régimen de expropiaciones.
El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y justificar de forma precisa el interés público perseguido.
Además, la expropiación deberá demostrar que resulta necesaria, proporcional e idónea para alcanzar ese objetivo.
En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta dispone que se calcularán principalmente sobre el valor objetivo de mercado del bien expropiado y sobre los daños directos ocasionados.
Quedarán excluidos factores como valores afectivos, expectativas de ganancias futuras o incrementos de valor derivados del propio proyecto que motive la expropiación.
El texto también fija límites para el reconocimiento del lucro cesante, salvo que el afectado demuestre perjuicios superiores mediante pruebas objetivas.
Desalojos más rápidos
Otro de los puntos de mayor impacto modifica el procedimiento para los desalojos por falta de pago de alquileres.
El proyecto obliga al propietario a intimar previamente al inquilino otorgándole un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda.
Si el incumplimiento persiste, podrá iniciarse la demanda judicial mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación.
La iniciativa también valida las notificaciones realizadas al domicilio físico o electrónico informado en el contrato, incluso cuando el destinatario rechace recibirlas.
Asimismo, establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble al momento de la restitución.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto también propone modificar la actual Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa mantiene la prohibición de alterar el destino de los bosques nativos afectados por incendios, pero elimina algunas de las restricciones más severas incorporadas durante el gobierno anterior.
Entre ellas figura la eliminación de la prohibición de 30 años para desarrollar emprendimientos inmobiliarios o modificar el uso agropecuario de tierras incendiadas.
Para el oficialismo, estas reformas buscan otorgar mayor previsibilidad jurídica a propietarios y productores rurales.
Una votación clave para el Gobierno
La sesión será una nueva prueba para la capacidad de negociación del oficialismo en el Senado.
Tras el retroceso obligado en el capítulo sobre tierras, el Gobierno intentará aprobar el resto de la ley para evitar que el proyecto termine convertido en una nueva derrota legislativa.
Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se desarrollarán movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales, sociales y políticas que rechazan la iniciativa y cuestionan varios de sus artículos, en una jornada que combina alta tensión parlamentaria con un importante operativo de seguridad en el centro de Buenos Aires.
