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En un intento por descomprimir tensiones con sectores dialoguistas del Senado, el oficialismo comenzó a mostrar señales de flexibilidad respecto del ambicioso paquete de reforma política impulsado por el Gobierno. El senador libertario Agustín Coto, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, reconoció que no existe una decisión cerrada para tratar toda la iniciativa en un único bloque legislativo y dejó abierta la posibilidad de avanzar por capítulos, una alternativa resistida hasta ahora por la Casa Rosada.
La declaración del legislador fueguino representó un matiz relevante frente a la postura del Ejecutivo, que hasta el momento había insistido en impedir un tratamiento fragmentado, especialmente respecto de la iniciativa de Ficha Limpia, uno de los puntos reclamados por aliados parlamentarios para ser debatido de manera independiente.
El megaproyecto impulsado por el oficialismo propone una transformación profunda del sistema político y electoral argentino. Entre sus ejes principales aparece la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), junto con cambios sustanciales en el financiamiento de los partidos, modificaciones sobre la Boleta Única de Papel (BUP) y mayores exigencias para la supervivencia legal de las fuerzas políticas.
La discusión comenzó a tomar temperatura durante la exposición de la asesora del Ministerio del Interior, Luz Landívar, ante la comisión de Asuntos Constitucionales. Allí, el senador radical Flavio Fama planteó dudas sobre la verdadera disposición del oficialismo para discutir un texto integral y propuso segmentar el debate en distintos bloques temáticos.
“Quizá sea conveniente no tener todos los compartimientos en una misma habitación”, sugirió el legislador catamarqueño, en referencia a la amplitud del proyecto.
La respuesta de Coto sorprendió a varios presentes. El senador oficialista afirmó que en futuras reuniones será posible trabajar sobre distintos proyectos o capítulos separados y negó que exista una intención deliberada de “bloquear” discusiones específicas.
“Sin duda alguna, en próximas reuniones podremos trabajar en diferentes proyectos. No hay ninguna intención de tratar todo junto y cerrar el debate”, afirmó el legislador, en una declaración que fue interpretada como un gesto hacia la oposición dialoguista.
La posición expuesta por Coto coincide parcialmente con declaraciones previas de la referente libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, aunque no necesariamente con los deseos de la Casa Rosada, donde persiste la intención de avanzar con el paquete completo para evitar concesiones parciales.
Reformas profundas y fuertes resistencias
El corazón del proyecto oficialista apunta a modificar de manera estructural el mapa político argentino.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de las PASO, un mecanismo que el Gobierno considera costoso, ineficiente y funcional a estrategias electorales ajenas a la competencia interna de los partidos.
Sin embargo, desde distintos sectores de la oposición advierten que suprimir las primarias podría incentivar una proliferación de candidaturas menores y fragmentar aún más el escenario electoral.
El debate se cruza además con la implementación de cambios en la Boleta Única de Papel. El oficialismo busca reincorporar una casilla de “lista completa”, una opción descartada durante la sanción original del sistema y que ahora vuelve a generar controversia.
Otro punto conflictivo es la reducción del financiamiento público de campañas, acompañada por la eliminación de espacios gratuitos de publicidad electoral y la ampliación del margen para aportes privados.
Mientras el oficialismo argumenta que estas medidas apuntan a reducir el gasto político y transparentar recursos, sectores opositores temen un escenario de mayor desigualdad entre fuerzas con distinto poder económico.
La reforma también endurece las condiciones para conservar la personería jurídica de los partidos políticos. Entre otros requisitos, perderían reconocimiento legal aquellas agrupaciones que no participen en dos elecciones consecutivas o que no superen el 3% de los votos en dos comicios seguidos.
Desde La Libertad Avanza justifican la iniciativa como una forma de terminar con los llamados “sellos de goma”, estructuras partidarias creadas únicamente para captar fondos públicos o negociar alianzas electorales. Del otro lado, partidos pequeños sostienen que el cambio amenaza el pluralismo político y perjudica a expresiones minoritarias.
El factor provincias y la disputa por el arrastre electoral
Otro aspecto de fuerte impacto político es la posibilidad de incorporar cargos provinciales o municipales —como legisladores locales o concejales— en elecciones concurrentes con comicios nacionales.
La medida podría beneficiar a gobernadores alineados con el oficialismo nacional, al permitirles capitalizar un eventual “efecto arrastre” de candidaturas presidenciales o legislativas vinculadas a La Libertad Avanza.
Durante el debate, Landívar defendió la necesidad de revisar el sistema partidario. La funcionaria expuso cifras que generaron impacto en la comisión: actualmente existen 44 partidos nacionales y 710 de distrito, lo que eleva el total a 754 agrupaciones registradas.
“Paraguay, que es el segundo país de la región con más partidos, tiene apenas 35. Es un número que claramente llama la atención”, argumentó.
La asesora del Ministerio del Interior insistió además en que el financiamiento anual de las fuerzas políticas no desaparecerá, aunque sí cambiará de denominación: el actual Fondo Partidario Permanente pasaría a llamarse Aporte Público Anual.
“A mayor cantidad de partidos, menos recursos recibe cada uno”, sostuvo.
Bullrich busca equilibrio y los aliados mantienen dudas
En medio de la tensión interna, Patricia Bullrich intentó adoptar una posición intermedia. Sin confrontar abiertamente con el Ejecutivo, propuso organizar el tratamiento en bloques temáticos.
“Podemos abordar un par de capítulos en una reunión, profundizarlos y luego avanzar con los demás”, sugirió la senadora, en una postura más moderada que la expresada por Coto.
Pese a los gestos de apertura, sectores dialoguistas siguen observando con desconfianza los movimientos del oficialismo. La percepción entre legisladores con experiencia parlamentaria es que el Gobierno podría utilizar la fragmentación del debate como una herramienta táctica para sostener presión política mientras mantiene intacto el objetivo final.
La discusión también abrió otros frentes. La radical mendocina Mariana Juri cuestionó la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial y aseguró que las explicaciones brindadas por el oficialismo “no resultan suficientes”.
Por su parte, la cordobesa Alejandra Vigo volvió a insistir en la necesidad de tratar Ficha Limpia por separado, retomando justamente el camino sugerido horas antes por Coto.
Mientras tanto, en el Senado persiste una sensación compartida: la reforma política recién comienza y el oficialismo todavía no logró despejar las dudas sobre cuánto está realmente dispuesto a negociar.
