El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua continúa reprimiendo a la disidencia en todos los ámbitos, incluyendo el de la abogacía. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua anuló de manera “definitiva” los títulos de 26 abogados críticos que habían denunciado a las autoridades y defendido a opositores encarcelados.

Estos abogados ya habían sido víctimas de una reciente medida de Ortega que les había despojado de su nacionalidad hace tres meses, y 15 de ellos habían sido encarcelados y deportados del país en un episodio que también involucró la salida de 222 opositores hacia Estados Unidos.

La CSJ explicó que estas personas “no pueden ostentar el título ni ejercer la profesión de abogado y notario público” porque “perdieron el derecho de ejercer dicha profesión en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”. Se les dio un plazo de 24 horas para entregar sus títulos, protocolos, sellos y carnets acreditativos bajo amenaza de la ley.

Entre los afectados se encuentran destacados abogados y defensores de derechos humanos como Vilma Núñez, fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y Yonarqui Martínez, quienes han expresado su descontento ante la medida.

Además de estos abogados, también se vieron afectados el escritor Sergio Ramírez, exiliado en España, y los defensores de derechos humanos Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva, exiliados en Costa Rica, así como varios presos políticos excarcelados. Incluso, se incluyó en la medida a ex colaboradores de Ortega y funcionarios del Poder Judicial detenidos.

Esta medida no tomó por sorpresa a los abogados, quienes rechazaron la privación de sus títulos y desconocieron este nuevo avance sobre los derechos de la sociedad. La represión del régimen de Ortega contra la disidencia sigue siendo motivo de preocupación en Nicaragua y en el mundo.