El Parlamento Europeo resolvió este miércoles remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados fundacionales del bloque. La decisión implica, en los hechos, la paralización del proceso de ratificación hasta que la corte comunitaria emita su dictamen.

La moción fue aprobada por un margen mínimo: 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones. El resultado reflejó la profunda división interna que atraviesa al Parlamento respecto de un acuerdo que fue firmado el último fin de semana, tras más de 25 años de negociaciones intermitentes entre ambos bloques.

El eje del cuestionamiento jurídico se centra en dos aspectos clave del pacto. Por un lado, el denominado mecanismo de reequilibrio, que algunos eurodiputados consideran potencialmente lesivo para la autonomía regulatoria de la Unión Europea. Por otro, la base legal escogida para su aprobación, que permitiría ratificar los capítulos estrictamente comerciales sin la intervención de los parlamentos nacionales, un punto especialmente sensible para varios Estados miembros.

De acuerdo con la práctica del Tribunal de Justicia de la UE, este tipo de consultas suele demorar entre 18 y 24 meses. No obstante, fuentes del propio tribunal recuerdan que la corte tiene plena potestad sobre los tiempos procesales y puede acelerar el análisis si considera que existen razones de urgencia política o institucional.

En la antesala de la votación, diversas bancadas habían anticipado un desenlace ajustado y habían advertido sobre los riesgos de demorar la ratificación del acuerdo. Entre los argumentos expuestos figuró el contexto internacional adverso, marcado por el recrudecimiento de tensiones comerciales y por las amenazas arancelarias del expresidente estadounidense Donald Trump, quien volvió a sacudir el escenario global con declaraciones vinculadas al despliegue militar en Groenlandia.

La remisión del acuerdo al TJUE introduce ahora un período de incertidumbre jurídica y política sobre uno de los pactos comerciales más ambiciosos firmados por la Unión Europea, mientras el Mercosur observa con preocupación un nuevo freno en un proceso largamente postergado.