El 2021, por lo que ya no tenía capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que esta medida forma parte de una estrategia del régimen para limitar la acción de las organizaciones independientes y restringir aún más las libertades civiles en Nicaragua.

En los últimos años, el régimen de Ortega ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos y de restringir las libertades civiles en el país. Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, la situación ha empeorado y se han intensificado las denuncias de persecución política y de restricciones a la libertad de prensa y de asociación.

En este contexto, la comunidad internacional ha manifestado su preocupación y ha llamado al régimen de Ortega a respetar los derechos humanos y a garantizar la libertad de expresión y de asociación en el país.