José Mayans anunció que el oficialismo en el Senado impulsará una Corte con siete miembros y un 40% de mujeres. La iniciativa, atravesada por tensiones internas y sospechas de maniobra política, quedó momentáneamente en pausa.

Cuerpo de la nota:

En medio del impacto político por la reciente confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el oficialismo en el Senado volvió a poner sobre la mesa la ampliación de la Corte Suprema. El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, anunció que su bancada —primera minoría en la Cámara alta— exigirá que el máximo tribunal pase de cinco a siete miembros, con un piso del 40% de mujeres entre sus integrantes.

“Mañana vamos a trabajar el tema de la Corte. Vamos a acompañar la paridad de género: queremos un mínimo del 40% de mujeres en la Corte Suprema”, expresó el senador formoseño en un comunicado difundido por su despacho.

Sin embargo, el plenario previsto para este jueves, que reunía a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para debatir el tema, fue suspendido abruptamente. La cita se reprogramó para la semana próxima, luego de que se conociera el fallo de la Corte que ratificó la condena contra la vicepresidenta. La decisión de suspender el debate fue tomada por Alejandra Vigo, senadora cordobesa del peronismo disidente y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La iniciativa para ampliar la Corte no es nueva, pero reaparece ahora en un contexto de alta sensibilidad política. En el Senado hay proyectos que proponen elevar el número de jueces a siete, nueve e incluso quince, como el texto que el kirchnerismo logró aprobar en 2022 pero que quedó trabado en Diputados.

Para el plenario de este jueves estaban invitados exponentes de distintos sectores: María Eugenia Chapero (Red Mujeres por la Justicia), Ricardo Gil Lavedra (Colegio Público de Abogados de la Ciudad), el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el ex convencional constituyente Alberto García Lema.

Dentro del oficialismo y la oposición dialoguista hay dudas sobre el verdadero interés del Gobierno en avanzar con la reforma. Algunos legisladores sospechan que detrás del renovado impulso puede haber un intento de condicionar a los actuales miembros del tribunal o de instalar un nuevo eje de confrontación política tras la condena a Cristina Kirchner.

El debate ya había comenzado semanas atrás con una primera ronda informativa, donde surgieron reparos técnicos y políticos. Uno de los más contundentes fue el del senador Juan Carlos Romero (interbloque Provincias Unidas), quien advirtió sobre los riesgos de incorporar conjueces por falta de mayoría en un tribunal con solo tres miembros activos. “Podría alterarse la jurisprudencia histórica de la Corte”, alertó el salteño. “Más que el número, preocupa la pérdida de previsibilidad jurídica.”

En ese clima, Mayans elevó aún más la apuesta: pidió la salida de los actuales jueces de la Corte, a quienes acusó de no estar “a la altura de las circunstancias”. El corrimiento del eje del debate hacia una embestida más directa contra el tribunal provocó suspicacias incluso entre los senadores que habían aceptado discutir la reforma en términos institucionales.

La decisión de Vigo de postergar el plenario fue interpretada como una señal de freno momentáneo. Legisladores del peronismo no kirchnerista y algunos aliados provinciales plantean reservas frente a lo que consideran una utilización coyuntural del tema. La Casa Rosada, por su parte, emite señales contradictorias: mientras sectores del oficialismo impulsan la ampliación, no hay indicios claros de que el Ejecutivo quiera tensar la cuerda con la Corte en este momento.

Por ahora, la discusión queda en suspenso. Pero el kirchnerismo no parece dispuesto a soltar la bandera de la reforma. Con Cristina inhabilitada, la Corte vuelve a convertirse en el adversario ideal para reconstruir identidad, cohesión y relato.