Unión por la Patria reabrió su ofensiva contra Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti durante la discusión por la reforma del máximo tribunal. La oposición acusó al oficialismo de “mancillar” instituciones.

El kirchnerismo volvió a la carga contra la Corte Suprema de Justicia. En el marco de un plenario de comisiones del Senado donde comenzó a discutirse la posible ampliación del máximo tribunal, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, pidió la destitución de tres de sus actuales miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los acusó de “violar permanentemente la Constitución” y sostuvo que “no están a la altura de las circunstancias”.

El encendido discurso del formoseño sacudió una jornada que, hasta entonces, transcurría con tono técnico y declaraciones sobre federalismo, género y funcionamiento del Poder Judicial. “Lo hicimos en 2003 con Néstor Kirchner. No quedó ninguno de la vieja Corte. Ahora la situación es similar”, afirmó Mayans, en alusión al proceso de renovación del tribunal impulsado por el entonces presidente.

El debate, que no tiene aún una fecha establecida para su continuidad, reúne a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. La presidenta de la primera, Alejandra Vigo (Córdoba), anticipó que se convocará a una lista amplia de expositores. La discusión se da en paralelo a la parálisis para cubrir las vacantes existentes, luego del fracaso del oficialismo en lograr los dos tercios necesarios para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por Javier Milei.

Del juicio político al pedido de remoción

El embate contra los jueces del máximo tribunal no es nuevo. Durante el gobierno de Alberto Fernández, con Cristina Kirchner al frente del Senado, se impulsó un proceso de juicio político contra Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que no prosperó en Diputados. El pedido de remoción actual retoma esa línea, aunque sin sustento institucional más allá del plano discursivo.

Mayans insistió en que la Corte “no cumple su función de aplicar la Constitución” y denunció que “algunos fallos demuestran que actúan como un supra poder, por encima del Congreso y del Ejecutivo”.

Cruces políticos y acusaciones cruzadas

El primero en tomar la palabra fue el senador Juan Carlos Romero (Salta), autor de uno de los siete proyectos presentados para modificar la integración del tribunal. Reconoció que su iniciativa es “más política que jurídica” y busca forzar consensos para destrabar la parálisis institucional. Cuestionó que la reforma constitucional de 1994 haya elevado la mayoría necesaria para designar jueces, lo que —según dijo— “congeló” la renovación del tribunal.

Romero también advirtió sobre los riesgos de operar con una Corte de tres miembros y el recurso frecuente a conjueces. “Eso puede derivar en fallos que modifiquen la jurisprudencia histórica de la Corte”, alertó.

Desde la UCR, el jefe de bancada Eduardo Vischi (Corrientes) se mostró dispuesto a discutir el funcionamiento del tribunal, pero criticó con dureza la actitud del kirchnerismo. “Algunos deben hacerse cargo del mancillamiento de las instituciones. Las reglas no pueden ser buenas solo cuando me favorecen”, sentenció, en referencia indirecta a los ataques a la Corte.

En la misma línea, Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) pidió no contribuir “a enlodar a otro poder del Estado”. “Bastante daño hacen ya las tensiones entre el Gobierno y las instituciones”, señaló.

Sin postura oficial del Gobierno libertario

La única voz afín al oficialismo libertario fue la del senador Juan Carlos Pagotto (La Rioja), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Alineado con el Ejecutivo, evitó fijar posición sobre el número ideal de miembros del tribunal o la incorporación de una cuota de género, aunque coincidió en que “la justicia necesita cambios profundos”.

En la Casa Rosada, en tanto, prima el silencio. Javier Milei no ha impulsado una reforma del tribunal ni se ha pronunciado sobre la ampliación. La iniciativa parece moverse más por las tensiones internas del Senado y las disputas de poder entre bloques que por un plan oficial concreto.

Una discusión con trasfondo político

Más allá de los argumentos técnicos, el debate en el Senado expone una disputa política profunda. Unión por la Patria busca erosionar la legitimidad de los actuales jueces del máximo tribunal, mientras la oposición intenta blindarlos o al menos evitar una ampliación que, en los hechos, implique una nueva mayoría alineada con el kirchnerismo o cualquier otro sector dominante.

Sin fecha cierta para la próxima reunión ni claridad sobre los votos, el futuro del debate es incierto. Lo que sí quedó claro es que, con cada intervención, el Senado refleja las grietas no resueltas del sistema institucional argentino.