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El caso conocido como los Cuadernos de las Coimas atraviesa una instancia decisiva. El Tribunal Oral Federal 7 deberá expedirse el próximo 10 de marzo sobre los 55 planteos de nulidad promovidos, en su mayoría, por la defensa de Cristina Kirchner. Hasta entonces, no habrá audiencias.
El debate oral, iniciado en noviembre, tiene en el banquillo a la exmandataria, a otros 19 exfuncionarios y a decenas de empresarios y exchoferes. El tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.
Tras la lectura de los requerimientos de elevación a juicio —que describen la maniobra investigada y los delitos atribuidos— comenzó la etapa de cuestiones preliminares. En ese marco, medio centenar de defensas solicitó la nulidad total del proceso. El eje de los cuestionamientos apunta a la autenticidad de los cuadernos atribuidos al exchofer Oscar Centeno: si bien una pericia caligráfica confirmó su autoría, otro estudio técnico detectó alteraciones en ciertos tramos de los manuscritos.
Los cuadernos constituyeron el punto de partida de la investigación. A partir de su contenido se impulsaron más de 200 medidas de prueba: declaraciones y confesiones de exfuncionarios y empresarios, informes de organismos públicos como la AFIP, registros de cámaras de seguridad, documentación bancaria y diversa evidencia documental que, según la acusación, corroboró los hechos relatados.
La fiscal Fabiana León, representante del Ministerio Público, rechazó de plano los planteos defensivos. Recordó que el inicio del juicio se demoró seis años y sostuvo que es en el debate oral donde los 86 imputados deben ejercer su defensa. También cuestionó que el proceso continúe bajo modalidad virtual y señaló que los obstáculos que postergaron la apertura del juicio reaparecen ahora bajo la forma de pedidos de nulidad. Por ello, solicitó que todos sean declarados inadmisibles.
En la misma línea se pronunció la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). Su representante, Mariano Galpern, afirmó que la nulidad absoluta de la causa requiere algo más que afirmaciones enfáticas y subrayó que muchas de las objeciones ya fueron analizadas y descartadas en instancias previas. Según la UIF, ninguna defensa logró demostrar un perjuicio concreto que invalide el proceso.
Otro de los puntos en discusión es la continuidad de la UIF como querellante, a la luz de un decreto presidencial que limita su intervención futura como acusador penal. La defensa interpretó que la medida debería impactar de inmediato en este expediente. Sin embargo, Galpern sostuvo que el decreto no ordena desistir de querellas en curso y remarcó que la estabilidad de las decisiones judiciales integra el debido proceso. Recordó, además, que la participación del organismo fue revisada incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con el tribunal en deliberación, el proceso entra en una pausa obligada. El 10 de marzo se conocerá si el juicio continúa su marcha o si prospera alguno de los planteos que buscan invalidarlo desde sus cimientos.
