El Poder Ejecutivo no impulsará una investigación penal por posible estafa o corrupción en el caso de la criptomoneda $LIBRA, a pesar de la polémica generada tras un tuit de Javier Milei que promovió su lanzamiento y la posterior caída abrupta del activo, una maniobra que expertos en blockchain calificaron como un “rug pull” (tirar de la alfombra).
Altas fuentes oficiales confirmaron que la Oficina Anticorrupción (OA) se limitará a evaluar si Milei o algún funcionario incumplieron la Ley de Ética en la Función Pública, sin profundizar en delitos penales. En paralelo, la recientemente creada Unidad de Tareas de Investigación (UTI) se dedicará únicamente a recopilar información de distintos organismos, sin emitir dictámenes.
Un equipo sin atribuciones investigativas
“La OA observa el cumplimiento de la Ley de Ética Pública y emite dictámenes en ese marco. La UTI solo reunirá documentación para enviarla a la Justicia, sin opinar”, explicó un funcionario de alto rango a LA NACION.
A través del Boletín Oficial, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, designó a María Florencia Zicavo al frente de la UTI. Zicavo, de extrema confianza del ministro, trabajó en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y es coautora del libro Régimen Migratorio y de Ciudadanía Argentino.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también insistió en que la UTI “colaborará con la Justicia, pero no investigará”. Sin embargo, la creación de esta unidad genera interrogantes, ya que sus tareas se solapan con las medidas que ya ha tomado el fiscal federal Eduardo Taiano, quien encabeza la investigación penal.
El Gobierno recaba datos, pero sin accionar
Fuentes oficiales revelaron que el Ministerio de Justicia solicitará informes a varios organismos, incluyendo la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). No obstante, la empresa de Hayden Davis, responsable de la criptomoneda $LIBRA, nunca se inscribió en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la CNV, lo que complica su supervisión.
Además, uno de los nexos entre Milei y los empresarios detrás del proyecto fue Sergio Morales, asesor del Directorio de la CNV y organizador del Argentina Tech Forum.
Mientras la UTI reúne documentos, el fiscal Taiano ya pidió informes al Banco Central, la CNV, la IGJ y empresas tecnológicas como Google para rastrear el origen y la operatoria de la criptomoneda en Argentina. También trabaja en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para trazar el recorrido de los sitios web que promovieron $LIBRA.
La Oficina Anticorrupción en manos de un aliado de Cúneo Libarona
La OA, que estará a cargo de Alejandro Melik, un abogado penalista cercano al ministro de Justicia, tampoco avanzará más allá de evaluar posibles incompatibilidades éticas. Melik, exsocio de Cúneo Libarona, formó parte del equipo defensor de Guillermo Coppola en los años 90, logrando su absolución en el caso del jarrón.
Con este esquema, el Gobierno busca marcar distancia del escándalo de $LIBRA sin abrir una investigación propia, dejando el destino de la causa en manos de la Justicia.
