El Gobierno de Javier Milei anunció la renovación de unos 40.000 contratos de empleados de la administración pública nacional por un período de tres meses, hasta finales de marzo de 2025. La medida abarca exclusivamente a trabajadores que no forman parte de la planta permanente estatal. Durante este plazo, los empleados deberán aprobar un examen de idoneidad para determinar si continuarán en sus puestos con un régimen contractual más estable.
La normativa se ampara en el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, que permite contrataciones temporales por servicios transitorios o estacionales. Según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, el examen constará de tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública. Además, los empleados deberán contar con el respaldo de sus superiores, quienes evaluarán la necesidad de su continuidad en el área correspondiente.
Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que la cifra real de contratos vencidos el 31 de diciembre de 2024 asciende a 55.000, incluyendo monotributistas bajo locación de servicios y 2.400 empleados dependientes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El Gobierno ya anticipó que no renovará los contratos vinculados a ACARA.
ATE también reportó despidos en organismos como el Ministerio de Justicia, el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y Parques Nacionales. Un ejemplo fue el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, donde 87 empleados recibieron mensajes informales el 31 de diciembre notificándoles que no debían presentarse a trabajar.
Cambios en el régimen de contrataciones públicas
El Ejecutivo implementó, además, nuevas restricciones en el régimen de contrataciones del sector público. Entre las principales disposiciones se incluyen:
- Prohibición de nuevas designaciones o contrataciones de personal bajo cualquier modalidad.
- Restricciones para contrataciones a término, a plazo fijo, a tiempo parcial y por prestación de servicios profesionales.
- Limitación en las designaciones transitorias en cargos de planta permanente.
Quedaron exceptuados de estas restricciones sectores clave como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, el Servicio Exterior de la Nación, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales y el Sistema de Manejo del Fuego.
Asimismo, el decreto establece que por cada nueva contratación en el sector público se deberán registrar previamente tres bajas de personal, ya sea por renuncia, jubilación, desvinculación u otras causas.
Con estas medidas, el Gobierno busca reducir el tamaño del Estado, garantizar la eficiencia en la administración pública y ajustar el gasto público en línea con sus políticas de austeridad fiscal. Mientras tanto, los sindicatos continúan en alerta ante posibles despidos masivos y la incertidumbre laboral que enfrentan miles de empleados públicos en el inicio de este año.
