El 22 de agosto, el Gobierno de Argentina oficializó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a través del decreto 749/2024, publicado en el Boletín Oficial. Este programa, que se inscribe dentro de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, sancionada por la Cámara de Diputados a finales de junio, tiene como objetivo atraer inversiones significativas al país, ofreciendo una serie de beneficios fiscales y aduaneros por un período de 30 años.
¿Qué es el RIGI y cómo funciona?
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es un plan creado por el Gobierno de Javier Milei para fomentar el desarrollo económico de Argentina mediante la atracción de inversiones de gran escala. Este programa ofrece a los proyectos que se adhieran una serie de incentivos y beneficios, como la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA, y la eliminación de retenciones para las exportaciones que resulten de estas inversiones. Además, se garantiza estabilidad tributaria y aduanera por 30 años, lo que busca proporcionar un entorno previsible y competitivo para los inversores.
Según lo estipulado en el decreto, el RIGI está diseñado para atraer inversiones que de otra manera no se desarrollarían en el país, con el fin de impulsar la competitividad, aumentar las exportaciones y fomentar un crecimiento económico sostenido. La implementación de este régimen, de acuerdo con el Gobierno, es una herramienta clave para la recuperación económica post-pandemia, buscando que esta sea más rápida, sostenible y duradera.
Sectores Económicos Incluidos en el RIGI
El RIGI está abierto a una amplia gama de sectores económicos, siempre que los proyectos cumplan con un monto mínimo de inversión. Los sectores elegibles incluyen forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Para la mayoría de las industrias, el monto mínimo de inversión se establece en 200 millones de dólares. Sin embargo, para algunos subsectores específicos, como la explotación y producción de petróleo y gas costa afuera, el requisito se eleva a 600 millones de dólares.
Además, el régimen incluye una categoría especial denominada “Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo”. Esta categoría está destinada a inversiones que superen los 2.000 millones de dólares y que tengan como objetivo posicionar a Argentina como un proveedor de largo plazo en mercados internacionales donde actualmente no tiene una participación significativa.
Proceso de Admisión y Plazos para Adherirse al RIGI
Las empresas interesadas en beneficiarse del RIGI tienen un plazo de 2 años a partir de la entrada en vigencia del decreto para solicitar su incorporación al régimen. Este plazo puede extenderse por un año adicional si el Gobierno lo considera necesario.
Para inscribirse, las entidades deben presentarse como “Vehículos de Proyecto Único” (VPU) y someter una solicitud de adhesión al Ministerio de Economía. Esta solicitud debe ser firmada por el representante legal del VPU e incluir una serie de requisitos, como la descripción del proyecto, datos societarios del VPU, el monto total de la inversión, un cronograma estimado, un plan de desarrollo de proveedores, y una declaración de no distorsión del mercado local, entre otros. Una vez presentada la solicitud, la Autoridad de Aplicación tiene un plazo máximo de 45 días hábiles para emitir una respuesta.
Participación de las Provincias en el RIGI
La participación de las provincias en el RIGI es voluntaria, y para que los beneficios del régimen se extiendan a nivel provincial, estas deben adherir activamente al programa. Según el artículo 105 del decreto, “este beneficio se extenderá a las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y municipios que adhieran al RIGI”. Esto implica que las provincias deben comprometerse a garantizar estabilidad fiscal para los proyectos aprobados, lo que significa que no podrán aumentar la carga tributaria sobre estos proyectos durante el plazo de vigencia del régimen.
Un relevamiento reciente de El Cronista muestra que la adhesión de las provincias al RIGI presenta un panorama diverso. Mientras que provincias como Río Negro, Mendoza, Chubut, San Juan, Jujuy y Tucumán ya han aprobado el régimen, otras como Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe aún están en proceso de evaluación. En contraste, provincias como Buenos Aires, La Pampa y La Rioja han decidido no adherirse, algunas de ellas proponiendo alternativas propias.
Comparación con Regímenes de Inversión en Otros Países
El RIGI no es un fenómeno aislado; varios países de la región han implementado regímenes similares para atraer inversiones, aunque generalmente enfocados en sectores específicos. Por ejemplo, Chile contó con el Decreto Ley 600 desde 1974 hasta 2015, que ofrecía incentivos principalmente a la industria minera, incluyendo invariabilidad tributaria y acceso preferencial al mercado cambiario. Perú, por su parte, implementó en 1992 la Ley General de Minería, que incluye un régimen de estabilidad tributaria por 15 años para grandes proyectos mineros. En Colombia, el Decreto 2080 de 2000 establece garantías para la repatriación de utilidades, aunque no ofrece invariabilidad tributaria.
En los Estados Unidos, aunque no existe un régimen de incentivos generalizado, se cuenta con un marco legal en materia de inversiones extranjeras a través de la Foreign Investment and National Security Act de 2007, que regula algunos aspectos de las inversiones para garantizar la seguridad nacional.
A diferencia de estos ejemplos, el RIGI argentino no se enfoca en un sector específico, sino que está abierto a proyectos de diversas industrias. Esta característica ha sido objeto de críticas por parte de algunos especialistas, quienes argumentan que los regímenes de incentivos suelen ser más efectivos cuando se dirigen a sectores estratégicos específicos.
Conclusión
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno argentino para atraer inversiones de gran escala al país. Al ofrecer una serie de beneficios fiscales y aduaneros por un plazo de 30 años, el RIGI busca proporcionar un entorno de estabilidad y previsibilidad que fomente el desarrollo económico y la competitividad de Argentina en el escenario global. Sin embargo, su efectividad dependerá de la capacidad del Gobierno para generar confianza entre los inversores y asegurar la cooperación de las provincias, así como de su habilidad para ajustar el régimen a las necesidades específicas de cada sector económico.