El Gobierno argentino solicitó este martes a la jueza estadounidense Loretta Preska la suspensión inmediata del fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, en el marco de la causa por la expropiación de la petrolera en 2012. La medida fue canalizada a través del estudio Sullivan & Cromwell LLP, contratado por la Procuración del Tesoro, y busca frenar la ejecución de la sentencia mientras se prepara la apelación.
La presentación ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York argumenta que se cumplen los cuatro requisitos jurídicos para conceder una suspensión: alta probabilidad de éxito en la apelación, riesgo de daño irreparable para la Argentina, impacto nulo para los demandantes en caso de demora, y relevancia del interés público para mantener el statu quo.
Aunque en la Casa Rosada reinó el hermetismo durante todo el día, fuentes del Ejecutivo confirmaron que el equipo jurídico, encabezado por el subprocurador Juan Ignacio Stampalija, está afinando la estrategia de apelación que se concretaría en los próximos días. Mientras tanto, desde el Gobierno advirtieron que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital, demandante principal en el juicio, hasta que no haya una resolución definitiva.
Preska y un fallo “dramático” para YPF
La decisión judicial, firmada el lunes por la jueza Preska, ordena al Estado argentino entregar las acciones “Clase D” de YPF, que representan el 51% del paquete accionario, actualmente en manos del Tesoro y la Anses. Esto implicaría una pérdida del control estatal sobre la compañía, que preside Horacio Marín.
Desde el Gobierno consideran que la medida es “dramática” por su impacto sobre la empresa, su valor en los mercados y las consecuencias institucionales. La sentencia se enmarca en el litigio iniciado por el fondo Burford, que adquirió en 2015 los derechos de demanda de las firmas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por la familia Eskenazi en España para ingresar a YPF durante el kirchnerismo.
Preska había fallado en septiembre pasado a favor de los demandantes, responsabilizando directamente al Estado y desligando a YPF como empresa. Pero la nueva resolución va más allá: ordena una ejecución forzosa que dejaría al país sin su mayoría accionaria. La indemnización asciende a US$ 16.000 millones.
Milei evita el tema en el Gabinete y apunta a Kicillof
El presidente Javier Milei no abordó el caso en la reunión de gabinete celebrada este martes en la Casa Rosada. Sí lo hizo en redes sociales, donde acusó a Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, como principal responsable de una expropiación que calificó como “un cachetazo judicial”.
Kicillof lideró la estatización en 2012 junto a Julio De Vido, entonces ministro de Planificación. En ese momento, Cristina Fernández de Kirchner presentó la decisión como una recuperación de soberanía sobre los hidrocarburos. Hoy, el fallo de Preska amenaza con revertir ese control, en un proceso judicial que, según el Gobierno, podría extenderse por años.
Silencio oficial y tensión legal
El juicio contra YPF es considerado el litigio internacional más relevante que enfrenta la Argentina. Sin embargo, según confirmaron fuentes oficiales, no fue tema de debate durante la reunión de gabinete que Milei encabezó este martes en el Salón de los Científicos. El presidente delegó la estrategia en la Procuración del Tesoro, actualmente liderada por Santiago Castro Videla.
En simultáneo, el Gobierno evalúa una eventual apelación ante una instancia superior si la jueza Preska rechaza el pedido de suspensión. Para ello, el documento presentado este martes pone en valor la “buena relación” de la Argentina con la administración de Donald Trump, sugiriendo que existe una diferencia de criterios entre el fallo y la posición del propio Estado norteamericano sobre la ejecución de activos extranjeros.
Impacto económico y político
De concretarse la ejecución, el país perdería el control sobre su principal empresa energética, con efectos sobre los mercados, la deuda externa y la proyección de inversiones. Además, implicaría un golpe político para el oficialismo en medio de las negociaciones fiscales con el Congreso y las tensiones internas con la oposición, que ya responsabiliza a gestiones anteriores por el desenlace judicial.
En la Casa Rosada sostienen que harán “todo lo necesario para revertir el fallo”, pero admiten que el camino será largo y con final incierto. Mientras tanto, el país sigue expuesto a una sentencia que podría redefinir su política energética y su relación con los tribunales internacionales.
